El gobernador Miguel Barbosa Huerta instruyó al consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana, que realice un análisis sobre la disputa que mantienen vecinos de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán por la posesión de 90 hectáreas en la zona arqueológica del Tepalcáyotl.
Lo anterior luego de que habitantes de dicha localidad señalaran al titular de la Notaría Pública número 9, Rodrigo de Unanue Solana, de estar coludido con quienes pretenden despojarlos de los predios, entre quienes se encuentran personas de origen extranjero.
Este martes, un grupo habitantes de San Francisco Totimehuacán se manifestó en la presidencia auxiliar para exigir al edil, Carlos Guerrero, que saque las manos de la disputa por los predios asentados en la zona conocida como “La Calera”.
Acusaron que dos de sus colaboradores han tenido acercamientos con el grupo que quiere arrebatar los predios a los llamados legítimos herederos, incluso le han permitido el acceso a la zona arqueológica sin su consentimiento.
Isabel Rojas y Jorge Carbente, son quienes, a decir de los habitantes, colaboran en la oficina del edil auxiliar, quien se comprometió a intervenir en la situación.
Entre las personas señaladas está Liliana González Fuerbringer, quien supuestamente adquirió de manera irregular un predio a través de un entramado en el que habría estado involucrado el notario público 9 de la ciudad de Puebla, Rodrigo de Unanue, quien actuó en complicidad para despojar a los campesinos de sus tierras, lo cual debe ser investigado, según pidieron.
De acuerdo con una versión publicada en La Jornada de Oriente, el titular de la Notaría Pública 9 se habría convertido en el favorito de la administración pública municipal que encabeza el panista Eduardo Rivera Pérez, para llevar a cabo los trámites a cargo de la Sindicatura.
“Se dice que en el ayuntamiento de Puebla se ha dado la orden —de manera verbal, no por escrito— que todos los actos notariales que se promuevan, por cualquier instancia del gobierno municipal, deberán recaer en una sola notaría pública: que es la número 9 cuyo titular es Rodrigo de Unanue Solana, quien de esa manera se estaría convirtiendo en el fedatario consentido de la administración del edil Eduardo Rivera Pérez”, según lo publicado el pasado 10 de enero de este año.
Esta mañana, en su conferencia matutina el gobernador indicó que ya se encontraba al tanto del asunto; sin embargo, ninguno de los implicados se había acercado con él para plantearle la problemática.
Ante este hecho, el mandatario instruyó al consejero jurídico Carlos Palafox Galeana, a realizar un análisis de los señalamientos que hicieron los vecinos para poder tomar una determinación sobre el conflicto, que data de hace aproximadamente una década.
“Ya lo leímos y hay que investigarlo, nadie se ha dirigido a mí para tener una posición, hay que corroborar los datos que nos dan en su información, ya le pedí al consejero jurídico que haga un análisis y a partir de eso vamos a tomar posición al respecto”, indicó Miguel Barbosa.
