Ante los casos recientes de violencia de género por parte de funcionarios públicos en la administración pública municipal y estatal, el Congreso del Estado entrará de lleno al análisis de un Registro de Deudores Alimenticios y Agresores Sexuales para impedir que ejerzan como servidores públicos.
Una iniciativa presentada por la bancada de Morena planteará la creación del registro y modificación de diversas leyes para impedir que funcionarios municipales, estatales, servidores públicos del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal de Justicia Administrativa y hasta la Comisión de Derechos Humanos.
En sus consideraciones, el diputado Iván Herrera Villagómez, proponente de la iniciativa, señaló que la violencia familiar, la violencia sexual y la violencia de género vulneran gravemente los derechos humanos y las libertades fundamentales con las que cuentan las mujeres en el país, cuya atención debe ser primordial.
“Con base a los acontecimientos actuales en nuestro Estado y en nuestro país, es perceptible que la mayoría de las personas desconocen el marco jurídico que sanciona la violencia, incluso las y los servidores públicos comparten los mismos prejuicios sociales, por lo que, es indispensable modificar las prácticas institucionales y culturales, así como darle una nueva imagen con enfoque humano al servicio público”, manifestó.
La iniciativa reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que cree y mantenga actualizados los Registros de Deudores Alimentarios y de Agresores Sexuales, que servirán para expedir constancia de su ausencia en el registro, o informará a quienes sean titulares de los Poderes que lo soliciten sobre la inclusión de su personal o aspirante a serlo en los registros.
En caso de que sea aprobada la propuesta, el Registro Estatal Público de Agresores Sexuales y el Registro de Deudores Alimentarios de Puebla deberán crearse en un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto.
Se plantea que, para ser magistrado, juez de primera instancia, juez municipal, juez de paz; secretario de acuerdos, ejecutivo, municipal o diligenciario se deberá no tener antecedentes de violencia de género, familiar, sexual o ser deudor alimentario por resolución definitiva.
El mismo requisito se establecería en la Ley Orgánica Municipal para ser titular de las dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal; secretario o inspector de sección.
En la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado también se establece dicho requisito para quienes busquen ser agentes del Ministerio Público, peritos o agentes investigadores u oficial subalterno; mientras que en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla el candado se aplicaría para quienes quieran ser magistrados, secretario general de acuerdos, secretario ejecutivo de la junta de gobierno y administración, o secretario de acuerdos de sala.
De igual forma, en el caso de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado el requisito también se solicitará para quien quiera ser Magistrado del Tribunal; en tanto, dentro de la Ley Orgánica de la Comisión de derechos Humanos del Estado el requisito será aplicado para quien aspire a ocupar la presidencia del organismo.
VIOLENCIAS PÚBLICAS
En Puebla se han registrado en las últimas semanas casos de violencia familiar y violencia de género que han impactado en la sociedad, siendo el más relevante el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez, quien enfrentaba un litigio por la manutención de su hijo con el político Javier López Zavala, vinculado a proceso por dicho caso.
Otro de los casos que llamó la atención fue la renuncia de Michel Chaín Carrillo a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Puebla, a raíz de las denuncias por violencia familiar que realizaron expresas sentimentales.
