El titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, informó que fueron aprehendidas de seis policías del municipio de Zapotitlán de Méndez, implicados en el homicidio de un escolta de un candidato del Partido del Trabajo (PT).
Sin embargo, el edil Emiliano Vázquez, quien también está vinculado al caso, continúa prófugo, aunque la instancia de procuración de justicia sigue con los actos de investigación para aprehenderlo a la brevedad. En total, se han emitido 30 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
Higuera Bernal confirmó que las primeras detenciones habían sido complicadas, pues mencionó que la zona donde se encontraban los agentes no era de fácil acceso, lo que complicó la operación.
No obstante, el encargado de la persecución de los delitos en el estado aseguró que todos los detenidos son agentes municipales y que cada uno de los otros involucrados está siendo buscado por separado por diversos equipos de trabajo.
Higuera Bernal también indicó que, aunque el edil, su hermano y el mando policiaco involucrados en el homicidio se encuentran en diferentes lugares, esto no será un impedimento para capturarlos y presentarlos ante un juez.
“Estén donde estén, se vayan a donde se vayan, esa es la labor nuestra y nuestro trabajo es buscar a los que infrinjan la ley, los imputamos y se defiendan en los procesos correspondientes”, declaró.
El incidente ocurrió en la carretera interserrana hacia Ixtepec, cerca del puente Morelos en Zapotitlán de Méndez, donde Ramón Malagón García, conductor de Salvador Tino Martínez, fue interceptado mientras se dirigía a Tuxtla.
Según testigos, un grupo de personas bloqueó el camino del vehículo y comenzó a agredir a Malagón García y a sus acompañantes. Las investigaciones revelan que, tras el primer ataque, otro grupo, liderado por el alcalde Emiliano Vázquez Bonilla, su hermano Higinio y el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco, llegaron al lugar.
Este segundo grupo no solo continuó con la agresión, sino que también utilizó armas de fuego para intimidar y violentar a las víctimas. Se presume que las armas utilizadas eran oficiales, pertenecientes a la policía municipal.
Los delitos que enfrentarían los 30 involucrados son homicidio calificado, lesiones calificadas, encubrimiento, falsedad en informes dados a una autoridad, robo agravado, abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración, procuración de justicia y otros ramos del poder público.
El fiscal Gilberto Higuera Bernal confirmó recientemente que se han emitido más de 30 órdenes de arresto contra personas relacionadas con el crimen, incluyendo al alcalde, su hermano, el director de Seguridad Pública, policías, empleados municipales y algunos residentes. La acción penal ya ha sido ejercida contra varios de los implicados.
