En el discurso, Eduardo Rivera Pérez prometió una gestión transparente y llena de avances, pero tan sólo en su primer año de gobierno, la realidad terminó por hundirlo: diariamente, el exalcalde de Acción Nacional cometió irregularidades por un millón 160 mil pesos, derivado de la contratación de empresas sin actas constitutivas, que no estaban relacionadas con los servicios prestados o que simplemente no entregaron evidencia de los bienes adquiridos, lo que apunta a la sospecha latente de una posible adjudicación de empresas fantasma.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), en una revisión minuciosa a la Cuenta Pública 2022 de quien buscó la gubernatura de Puebla hasta hace pocos meses, halló decenas de anomalías que se sintetizan en un daño patrimonial al municipio de Puebla por 45 millones 609 mil 594 pesos, y que se suman a otros 377 millones 798 mil pesos de recursos pendientes por aclarar.
Las principales anomalías revelan un panorama alarmante de presunta corrupción y mala gestión: la venta de autos chatarra del corralón, que se ejecutó sin la documentación adecuada y sin comprobación de ingresos; incumplimiento de contratos de box lunch donde no hay evidencia que se hayan recibido y graves discrepancias en el mantenimiento de fuentes, de las que nadie sabe si en realidad fueron rehabilitadas.
Además, se descubrieron serias fallas en la justificación de los servicios de arrendamiento y en la ejecución de eventos para la Secretaría de Economía y Turismo a través de la empresa Remedios Producciones y Asociados, la cual no entregó actas de entrega-recepción de los servicios y tampoco presentó documentación como Constancia de Situación Fiscal, acta constitutiva, comprobante de domicilio o Constancias de no inhabilitado.
Lo curioso es que la compañía ya había sido señalada por contar con un domicilio fiscal vacío y en renta, con acusaciones por simular competencia para hacerse de contratos y con otros hechos irrefutables: que fue adjudicada de manera sospechosa por Eduardo Rivera desde el día 3 de su administración y que hasta se encargó de organizar su destape como aspirante a la gubernatura de Puebla en el auditorio GNP en octubre de 2023, sin mencionar que fue una de las consentidas de Rivera, pues en solo dos años fue contratada en ocho ocasiones de forma directa.
La factura también le llegó cara en otros rubros al exedil. Por ejemplo, el reporte arroja que en una licitación para el servicio de asesoría a la Contraloría municipal a fin de revisar actas administrativas de burócratas municipales, el proveedor no presentó la documentación necesaria para justificar el ejercicio de los recursos, ni acreditó la revisión de 750 expedientes o el cumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas.
El informe de la ASE también confirmó las sospechas del desastre financiero en la contratación de la empresa JB System, de la cual Hipócrita Lector desentrañó anteriormente que insumos de impresión habían sido adquiridos con sobrecosto de más del 200 por ciento.
No obstante, la ASE determinó que los rastros de corrupción tenían una dimensión mayor, al encontrar que además de haber sido contratada mediante adjudicación directa y que se planificó con un monto inicial de entre 4.1 y 10.3 millones de pesos, terminó costando la friolera de 12 millones 360 mil pesos, sin haberse presentado una sola acta de entrega-recepción, evidencia de los bienes adquiridos y no hubo una investigación de mercado de por medio que le permitiera a la Comuna obtener la mejor propuesta tanto técnica como económica.
DAÑAN LA HACIENDA POR 45.6 MDP
La Cuenta Pública del primer año completo de Eduardo Rivera Pérez exhibió una serie de perjuicios al patrimonio municipal por el monto de 45 millones 609 mil 594 pesos, que equivalen a que la Comuna, diariamente, provocó un daño a las finanzas municipales por 124 mil 957 pesos.
Uno de los primeros conceptos es la venta de vehículos chatarra del corralón, donde la ASE identificó un daño patrimonial de 5.1 millones de pesos, toda vez que hubo una discrepancia entre los ingresos registrados por dicha venta y el monto estipulado en la licitación pública.
Según la auditoría, el 31 de diciembre de 2022 la cuenta contable “Otros ingresos por venta de automóviles/autos chatarra” mostraba un saldo de solamente 6 millones de pesos, mientras que la licitación estipulaba un ingreso mínimo de 23.2 millones por la enajenación de 5 mil 602 vehículos, es decir, nadie sabe qué ocurrió con los otros 17 millones de pesos restantes.
La ASE también señaló la falta de documentación, como el contrato de compra-venta de los vehículos, las pólizas contables que acreditaran los ingresos y la verificación física de los automóviles subastados.
Otro contrato relacionado es el de un perito encargado de evaluar dichos vehículos declarados en abandono, que generó un daño patrimonial de más de 250 mil pesos, al carecer de justificación para evitar una licitación pública y no detallar los bienes o servicios contratados, como la marca y modelo de los vehículos. Además, se observaron fallas en los entregables, incluyendo la falta de un estudio de mercado, cotizaciones y documentación completa del avalúo.
Otro foco de preocupación es el contrato para la adquisición de “box lunch” para eventos del Ayuntamiento, pues con un monto de 2.8 millones de pesos de daño a la hacienda, el contrato con la empresa Servicio DC de Oficinas de Puebla SA de CV presenta serios problemas de solvencia económica y técnica por parte de la firma, además del común denominador: la falta de documentación que justifique la entrega de los productos.
La empresa adjudicada no cumplió con los requisitos de experiencia y capacidad financiera necesarios, y los comprobantes fiscales presentados no detallan los eventos ni lugares donde se realizaron las entregas, lo que cuestionó si de verdad estos box lunch fueron repartidos.
Situación similar ocurrió en otro pliego de observaciones, cuyo monto de daño patrimonial fue por 4.8 millones de pesos luego de la contratación del servicio de mantenimiento a 73 fuentes ubicadas en el municipio, que lejos de embellecer la ciudad, puso en evidencia la falta de documentos por parte del contratista, al no contar con actas de apertura de propuestas técnicas y económicas, constancia de situación fiscal, acta constitutiva, comprobante de domicilio, entre otros documentos indispensables.
El contrato estipulaba además varias tareas de mantenimiento para las fuentes, incluyendo lavados mensuales y el suministro de productos químicos para el tratamiento del agua. Sin embargo, los reportes presentados por Arky Joman indicaban un cumplimiento parcial, mientras que sobre la sustitución de luminarias, el último reporte solo documentó la sustitución de 15 de un total de más de 300 requeridas.
Una de las observaciones más significativas, que generaron un daño por 20 millones de pesos, fue el servicio de “otros arrendamientos” con Remedios Producciones y Asociados, que incluyen irregularidades de falta de documentación: actas de apertura, constancias fiscales y comprobantes de domicilio.
Además, el contrato y sus modificaciones, que incluyeron un aumento de 4 millones de pesos, carecieron de información detallada sobre los servicios prestados y los eventos realizados. Los pagos abarcaron 4.9 millones de pesos por la renta de 444 sanitarios portátiles y 3.6 millones para eventos de la presidencia municipal; sin embargo, no se encontró evidencia de los eventos por otros 2.1 millones de pesos.
Pero esta no fue la única observación hecha a la empresa –una de las consentidas del Ayuntamiento–, pues en otro pliego, la firma generó otro daño patrimonial por 2.6 millones de pesos a las arcas municipales, tras haber sido contratada para la realización de eventos de la Secretaría de Economía y Turismo.
La revisión reveló que la Comuna no proporcionó información sobre los licitantes, actas de apertura de propuestas, ni documentación fiscal y empresarial necesaria. Este contrato, adjudicado por invitación nacional, incluía servicios como renta de salones, equipo audiovisual y presentación de espectáculos, pero careció de los mecanismos adecuados que garantizaran a la Comuna el mejor precio y calidad.
Las sospechas incrementan al considerar que empresas como Servicios DC de Oficinas de Puebla, que también participó en la misma convocatoria, tenía una razón social distinta a la del objeto del contrato, lo que podría ser considerado simulación de competencia, pues la firma no podía ofrecer los servicios que requirió la Comuna.
Por otro lado, en la revisión de un contrato con el despacho Zambrano Abogados SC, la ASE destapó un perjuicio económico de 5.2 millones de pesos para la Hacienda Pública, luego de que fueron adjudicados de manera directa para la prestación de servicios de asesoría y consultoría a la Contraloría municipal en procedimientos administrativos por faltas graves y no graves de servidores públicos.
La ASE determinó que el despacho no entregó elementos esenciales como la requisición del servicio, la declaración provisional de impuestos, el acta de entrega-recepción de bienes o servicios, ni evidencias de entregables, lo que puso en duda el cumplimiento del contrato, en especial respecto a la revisión de los 750 expedientes que debían procesarse en 2022.
Además, se identificaron inconsistencias significativas en la cifra de expedientes tratados. Mientras el dictamen de excepción a la licitación pública menciona mil 335 expedientes, el contrato modificatorio señaló mil 518 expedientes, diferencia de 183 casos que no fue justificada.
A pesar de que el contrato se adjudicó de forma directa, se alegó que se realizó un estudio de mercado que fijó el techo presupuestal en 20.8 millones de pesos. No obstante, no se encontró evidencia documental de dicho estudio, por lo que la ASE cuestionó la legitimidad del proceso.
La Auditoría emitió otras severas observaciones contra la administración de Eduardo Rivera Pérez por un probable daño a la Hacienda de 4.5 millones de pesos, que corresponde a cuatro contratos que carecieron de entregables.
Entre estos contratos destacan uno por 1.3 millones para monitoreo de medios de comunicación y pautado en radio, y otro por 2.5 millones destinado a la rotulación del parque vehicular del Ayuntamiento. La ASE señaló que no se presentaron cotizaciones, propuestas de proveedores ni autorizaciones presupuestales, lo que violó la Ley de Adquisiciones del Sector Público.
Los otros dos contratos, por 198 mil y 599 mil pesos, para la capacitación en el cumplimiento de obligaciones fiscales y servicio integral de alimentos, respectivamente, generaron observaciones de falta de documentos, como propuestas de proveedores, cotizaciones comparativas y oficios de autorización de las partidas.
La inspección también puso al descubierto un posible daño patrimonial relacionado con la rehabilitación vial de la calle Los Pinos en las colonias Ampliación Reforma Sur y Santa Cruz Buena Vista, de las juntas auxiliares La Libertad e Ignacio Romero Vargas, la cual enfrenta serias acusaciones de irregularidades financieras.
De acuerdo con el informe de auditoría, se detectaron discrepancias entre las cantidades estimadas y pagadas versus las realmente ejecutadas en el terreno. El monto presuntamente afectado asciende a 14 mil pesos, pues se detectaron pagos injustificados por señalizaciones preventivas, ya que las cantidades estimadas y pagadas no coincidieron con las realmente instaladas en el terreno.
SIN ACLARAR 377 MDP
La Comuna, además del daño patrimonial mayor a los 45 millones de pesos, también deberá aclarar un monto de 377.7 millones de contrataciones hechas en 2022, de las cuales, la ASE identificó anomalías que podrían representar actos de corrupción si no son sustentados.
De estos 377 millones de pesos, la Auditoría identificó que por ejemplo, 239.5 millones de pesos corresponden a conceptos sin aclarar correspondientes a 17 contratos del año 2023.
En la lista destaca que la Comuna adquirió consumibles para equipos de cómputo con la empresa JB System por más de 12 millones de pesos, pero no se entregó el estudio de mercado que justificaría la excepción a la licitación pública.
Otros 6.3 millones de pesos corresponden a la entrega de prendas de seguridad y protección personal, donde no se incluyó la garantía de seriedad de la propuesta económica, mientras que en la entrega de alimentos (piernas y pavos) para el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también faltó el estudio de mercado para justificar la excepción a la licitación pública.
Sobre la compra de material quirúrgico y suministros médicos para esterilización y control de reproducción en caninos, no se justificó adecuadamente la capacidad técnica y económica del proveedor.
El gobierno municipal panista también deberá aclarar cuatro contratos de gran envergadura, que suman un total de 27.1 millones de pesos por servicios solicitados por la SSC y la Secretaría de Administración.
Además, el Ayuntamiento fue llamado a explicar y justificar un contrato por la friolera de 10.8 millones de pesos por el “Servicio integral de fiestas decembrinas” para el personal del Ayuntamiento, donde no se comprobó que la empresa Magrett La Cocina del Chef, tuviera derechos exclusivos para contratar a grupos como Bronco y Cañaveral, lo cual era uno de los requisitos clave.
