El Ayuntamiento de Cuautlancingo, que encabeza el morenista Omar Muñoz, destapó la cloaca financiera que heredó del exedil del PAN, Filomeno Sarmiento Torres, la cual incluye 561 irregularidades en 51 de las 89 unidades administrativas, observaciones por 61 millones de pesos de la Auditoría Superior de la Federación y sospechas de malos manejos de 200 millones de pesos, resultado de una auditoría forense aplicada por la Auditoría Superior del Estado, así como la entrega de bonos extraordinarios y pagos de horas extra de último momento por la cantidad de 12 millones de pesos.
De acuerdo con el Contralor municipal de Cuautlancingo, Francisco Guillermo López, la situación es tan grave que la administración saliente solo dejó 17.5 millones de pesos en caja para cubrir la nómina de los trabajadores, producto del derroche de recursos.
“Son inconsistencias graves y serias (…) este Ayuntamiento reafirma su compromiso de trabajar con transparencia, apegados a la rendición de cuentas y la comunidad debe estar informada y sabedora de estos pormenores, esto no es una cacería de brujas ni persecución política, es aplicación de la ley y justicia”, aseveró.
El escándalo resulta mayor porque entre los beneficios con los incentivos económicos se encuentra Leonor Pérez Popócatl, excandidata del PAN a la diputación federal suplente por el distrito de Atlixco, la cual obtuvo gracias a que su madre Leonor Popócatl Gutiérrez decidió incluirla como su compañera de fórmula.
La hija de la yunquista y una de las mujeres más cercanas a Eduardo Rivera Pérez recibió la cantidad de 214 mil 900 pesos tras ocupar la jefatura de la Oficina de la Presidencia, sin que exista ninguna justificación administrativa.
Otro de los beneficiados fue el exsecretario General, Antonio López Taylor, quien recibió un bono por 163 mil 500 pesos y ahora enfoca sus aspiraciones políticas en convertirse en presidente auxiliar de La Trinidad Sanctorum.
LAS IRREGULARIDADES
El gobierno de Omar Muñoz presentó un informe detallado que revela más de 561 incidencias, de las cuales destacan los 12.5 millones de pesos asignados en bonos y horas extra no justificadas, la desaparición de documentos legales, gastos exagerados en adquisiciones y la sorprendente inexistencia de la Secretaría de Infraestructura.
Además, de acuerdo con Gabriela Reséndiz Hernando, Coordinadora Ejecutiva de Presidencia, el proceso de transición fue complicado debido a la falta de colaboración de los funcionarios salientes, quienes mostraron resistencia a proporcionar la información necesaria.
En particular, mencionó que 20 de las 89 direcciones del Ayuntamiento no se presentaron a las reuniones de entrega-recepción y en muchos casos, se negaron a revelar datos clave sobre el número de colaboradores, lo que generó suspicacias sobre la veracidad de los registros.
Además, detalló que 40 por ciento de las adjudicaciones de 2024 fueron entregadas a tan solo cuatro proveedores, y uno de ellos recibió 21 por ciento de los contratos, lo que generó serias dudas sobre la transparencia del proceso.
Gabriela Reséndiz también denunció la inoperancia de algunas dependencias del gobierno saliente, como la Dirección de Infraestructura, que continuó figurando en la estructura orgánica del Ayuntamiento, a pesar de que llevaba más de un año sin operar, mientras su personal seguía cobrando sueldos.
Mientras que el secretario General del Ayuntamiento, Juan Carlos Cotzomi, presentó evidencias fotográficas que muestran cómo el personal del gobierno saliente sustrajo carpetas que debían ser entregadas durante el proceso de transición.
De paso, reveló que todas las computadoras del Ayuntamiento fueron formateadas, lo que constituye una violación a la Ley General de Archivo. Cotzomi agregó que se llevaron información crucial, como los padrones de contribuyentes, lo que dificultó la recaudación de impuestos, aunque resaltó que, a pesar de los obstáculos, el gobierno actual ya ha recaudado más de 37 millones de pesos.
Una de las irregularidades más impactantes fue el cierre inesperado de los comedores del Sistema DIF Municipal desde junio, lo que afectó a los adultos mayores que dependían de estos servicios. Aunque la documentación entregada indicaba que los comedores debían operar hasta diciembre, los recursos fueron suspendidos sin previo aviso.
PRECIOS INFLADOS
Otra de las anomalías fue el descubrimiento de facturas infladas en productos de uso cotidiano. Se encontraron compras, como una Coca-Cola a 70 pesos, una caja de Tutsi pop a 4 mil 320 pesos (10 pesos cada una) y cajas de galletas a mil 140, lo que evidenció la compra de productos a precios inflados.
Otros pagos irrisorios incluyeron, por ejemplo, 4 mil 800 pesos por una caja de Bubaloos de 50 piezas, lo que implica que cada chicle habría costado 96 pesos, mientras que una caja de vasos desechables se cotizó en mil 100 pesos.
El reporte indica que una caja de atún Dolores en agua tuvo un costo de 2 mil 580 pesos, cuando en mercado libre es posible conseguirla por un costo aproximado de entre mil y mil 400 pesos.
Por otro lado, el costo de un garrafón Bonafont de 20 litros le costó al Ayuntamiento de Cuautlancingo 70 pesos, cuando en las tiendas de conveniencia de mayor costo como Walmart, el costo es de 54 pesos, pero es posible conseguirlo hasta en 42 pesos en tiendas como Chedraui.
Otros importes incluyen, por ejemplo, unos Kleenex de 200 hojas por 150 pesos, una caja de duraznos en almíbar por 840 pesos, o bolsas de hielo por 60 pesos cuando su costo real es de 25 pesos la de mayor peso de 15 kilogramos.
