El confinamiento por la pandemia del coronavirus y el desinterés del pasado ayuntamiento de Puebla liderado por Claudia Rivera Vivanco para atender los requerimientos, retrasaron por un año la investigación de la denuncia por violencia política de género cometida por la exalcaldesa morenista y el exsecretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, en contra de la exconsejera jurídica municipal Yasmín Flores Hernández.
Tras una larga serie de requerimientos y etapa de substanciación de pruebas, el Instituto Electoral del Estado (IEE) concluyó la investigación, en noviembre de 2021 – casi 14 meses después de que se interpuso–, de la denuncia presentada por la exconsejera jurídica del Ayuntamiento de Puebla, dejando en la cancha del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) la resolución de ésta.
Esto echa por tierra la impugnación que interpuso Sánchez Galindo en semanas pasadas en el TEEP y en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una presunta omisión por parte del Instituto para notificarlo en tiempo y forma para poder defenderse de los señalamientos en su contra, acusación que fue desechada y que dio vista al tribunal para seguir con el caso.
“El hecho de haber transitado la substanciación de este expediente en medio de la etapa de confinamiento de la pandemia, desde marzo de 2020, y que esta queja se presentó en el mes de septiembre de ese mismo año, dificultó de alguna manera que se pudiera dar cumplimiento a los requerimientos y todas las notificaciones que tenían que darse, y es en buena parte lo que retrasó la substanciación del expediente, pero también no siempre se contó con la disposición de todas las personas involucradas para poder ofrecer la información que se les requiere”, comentó Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del IEE.
En entrevista para este medio, el presidente del Instituto señaló que pese a estar en actividades a distancia, no se dejó de realizar las indagatorias necesarias para conformar el expediente, requiriendo información tanto a personas físicas como morales sobre la denuncia de violencia política en razón de género para cumplir con el principio de exhaustividad.
Manifestó que el IEE cumplió con su parte del proceso al sustanciar de forma amplia la investigación, además de emitir las medidas cautelares pertinentes para la protección de la denunciante desde el mes de octubre del 2020.
García Onofre consideró que el retraso en la resolución de la denuncia no está relacionado con el tipo de delito que se acusa, en este caso el de violencia política en razón de género, sino con la complejidad del caso y la celeridad y prontitud con la que los sujetos requeridos de información atiendan.
Añadió que la legislación electoral vigente y las reformas aprobadas por el Congreso local en materia de violencia de género ha permitido agilizar las investigaciones para sancionar este tipo de conductas.
“La complejidad de los expedientes y, sobre todo en algunas ocasiones, la falta de disposición para poner en conocimiento de esta autoridad los hechos o la documentación que se requiere es lo que retrasa los expedientes”, enfatizó el consejero presidente del IEE.
