La cloaca de posible corrupción y licitaciones amañadas para favorecer a contratistas del Ayuntamiento de Puebla tomó una nueva denuncia. Durante el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, tres empresas habrían simulado competencia para hacerse de al menos un contrato para la adquisición de materiales tecnológicos, útiles, refacciones y accesorios de cómputo.
El contrato, identificado con el número de folio CMA-SECATI-CI-ERP-304/2022, fue adjudicado el 5 de julio de 2022 mediante un concurso por invitación al proveedor Crisgrein SA de CV, empresa que junto con Grupo Gudman e Innovanet, habrían participado en un proceso aparentemente manipulado a fin de quedarse con el contrato de 1.4 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), el proceso de adjudicación presentó varias inconsistencias. Uno de los puntos más alarmantes es que las tres empresas involucradas —Crisgrein, Grupo Gudman, e Innovanet— presentaron las mismas fotografías de los productos ofertados, sin variación alguna, lo que sugiere una posible colusión o simulación de competencia entre los proveedores.
Además, se detectó que tanto Crisgrein como Grupo Gudman se constituyeron en abril de 2021, en el mismo año que Eduardo Rivera asumió el cargo como presidente municipal, aunado a que ambas se registraron ante el mismo corredor público, lo que refuerza las sospechas sobre una posible manipulación en el proceso de contratación.
De hecho, el notario 9 de Puebla con el que fueron registradas ambas compañías, Manuel Enrique Díaz y Pérez, ya tenía señalamientos por haber registrado a empresas fantasma en el pasado, especialmente durante los gobiernos estatales de Acción Nacional.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría destacan otros aspectos como el hecho de que las actividades económicas registradas de Grupo Gudman tampoco corresponden al objeto del contrato.
La documentación fue otro talón de Aquiles para el Ayuntamiento de Eduardo Rivera, toda vez que la ASE señaló la ausencia de documentos esenciales como contratos, procesos de adjudicación y entregables, lo que dificulta verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.
Entre la documentación ausente también se encontraron correos electrónicos de invitación a otros proveedores y el soporte contable para registrar las adquisiciones.
Por todas las irregularidades, el organismo solicitó al gobierno municipal proporcionar pruebas adicionales y explicar por qué las tres empresas presentaron las mismas imágenes de los productos, pues de otro modo sería la prueba irrefutable de que no se aseguraron las mejores condiciones para las finanzas municipales “en cuanto a precio, calidad y oportunidad”, lo que supondría una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
En tanto, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento deberá rendir cuentas sobre las acciones de vigilancia que llevó a cabo respecto al gasto público, así como demostrar si los procedimientos estuvieron alineados con el presupuesto aprobado.
“Se solicita proporcionar documentos relativos a los nombramientos y atribuciones de los Servidores Públicos que autorizaron las modificaciones al presupuesto de egresos (ampliaciones y reducciones); suficiencia presupuestal; y la orden de pago; así como evidencia documental que demuestre las firmas autorizadas en la institución bancaria donde se realizó la instrucción del sistema de pago del gasto observado”, acotó la ASE.
Esta es solo la punta de la madeja en una serie de anomalías que rodean a este trío de empresas que participaron en este proceso de licitación. En 2023, por ejemplo, el periodista Rodolfo Herrera, reveló que, en un análisis de contratos realizados por el Ayuntamiento de Puebla en 2022 y el primer semestre de 2023, las firmas Grupo Gudman y Crisgrein participaron en licitaciones mediante invitación restringida; sin embargo, no contaban con domicilios comerciales claros.
En el caso específico de Crisgrein, se le adjudicó un contrato por más de 2.8 millones de pesos para la adquisición de refacciones y accesorios de equipos de cómputo. Sin embargo, la empresa compartía datos fiscales y representaciones legales con otra compañía llamada Suministros GDX, lo que apunta a posibles vínculos irregulares entre estas entidades.
Ambas firmas parecían operar desde domicilios simulados, con oficinas en casas particulares y sin un negocio establecido visible, además, Grupo Gudman también figuraba en los mismos procesos de adjudicación y se sospechaba que había sido parte de un esquema más amplio de empresas fachada que obtuvieron contratos con el gobierno panista municipal sin cumplir con los requisitos legales o administrativos básicos.
Un dato que añade suspicacias es que, tanto como Crisgein como Suministros GDX fueron registrados con el notario 9 de Puebla, Manuel Enrique Díaz y Pérez, así como dos hermanos fungen como comisarios de las empresas: Marlene y Luis Adrián, ambos de apellidos Fuentes Ramírez, respectivamente.
