La promesa en mesas de diálogo había sido clara: los vendedores callejeros debían retirarse de las calles durante tres días y al cuarto podrían regresar para la venta exclusiva de artículos de temporada escolar; sin embargo, por lo que consideraron “un capricho” del secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, este pacto nunca llegó.
Lo que sí hubo fue un amplio operativo de seguridad para reforzar su retiro a partir de este martes. Las calles, que solían estar repletas de puestos, ayer lucían extrañamente vacías, salvo por la presencia constante de policías municipales y los comerciantes que, acostumbrados a desplegar sus mercancías con la primera luz del día, se encontraban en un pulso con las autoridades que parecía no tener fin.
Bajo el cielo nublado de la mañana en la capital poblana, un grupo de ambulantes se congregó en las esquinas de la 6, 8 y 10 Oriente-Poniente: “Nos están quitando el derecho de trabajar, esto es una represión disfrazada”, dijo uno de ellos con voz firme, mientras otros a su alrededor compartían la indignación.
Los vendedores ambulantes acusaron directamente al secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, de haber roto los acuerdos que permitían su instalación durante los fines de semana y la situación escaló a tal punto que lo señalaron de haber recibido medio millón de pesos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Puebla para desalojarlos de las calles.
“Esto es un atropello, todo por no apoyar a Mario Riestra en las elecciones pasadas”, agregó otro vendedor entre murmullos de aprobación por parte de sus compañeros que encararon molestos a los uniformados municipales.
Los ambulantes denunciaron no solo la represión, sino también las amenazas y los golpes que, según ellos, han sufrido a manos de las autoridades municipales: “Nos tratan como criminales cuando lo único que queremos es ganarnos la vida de manera honrada”, denunciaron.
“No a la represión”, “Jorge Cruz Lepe, ni vendiendo mis lapicitos por 10 días me va a alcanzar para sobrevivir todo el año” y “Queremos trabajar”, fueron algunas de las consignas que se leían en las pancartas que portó el grupo de manifestantes.
El clímax de las tensiones ocurrió cuando el grupo de granaderos se desplegó sobre calles como la 8 Poniente, mientras el bloque de comerciantes ambulantes se hizo de palabras con los agentes para exigirles permitir su instalación.
En medio del ajetreo, los vendedores callejeros acusaron a policías municipales que formaban parte de este convoy, de haberles cobrado en el pasado cuotas para dejarlos instalarse en las calles, así como reclamaron por tomarles fotografías, un acto que consideraron intimidatorio.
Los negocios del primer cuadro de la ciudad, ante el temor de ser víctimas de actos de vandalismo o sufrir daños colaterales por un posible enfrentamiento físico entre ambos bandos, optaron por bajar sus cortinas, lo que incrementó la tensión durante algunas horas.
ACUERDOS EMPRESARIALES
Durante las expresiones en desacuerdo por el retiro de comercio informal, un grupo reveló que Cruz Lepe habría recibido medio millón de pesos por parte de la Canaco que dirige Juan Pablo Cisneros Madrid, a fin de desplegar un operativo definitivo de retiro de vendedores callejeros.
El acuerdo inicial, según organizaciones como la 11 de Marzo de Martín Juárez, era que las organizaciones tendrían permitido replegarse en las calles Oriente y Poniente del cuadrante norte de la ciudad, exceptuando el corredor 5 de Mayo, llamado “La joya de la corona”.
“Teníamos permitido trabajar en las calles laterales, desde la 6 hasta la 12 o 14 (Oriente-Poniente) y después nos dicen el viernes que nos levantáramos tres días, para que el lunes trabajáramos; se respetaron los días, llegamos al lunes y dicen que no hay acuerdos”, expresó un comerciante.
Según externaron, tras la negativa de cumplir acuerdos, se les indicó que podían vender sus artículos de temporada escolar de la 8 Oriente a la 4 Norte, una situación que consideraron un truco de la administración municipal, al no poderse instalar en áreas que históricamente les corresponden a otras organizaciones comerciales.
“Si nosotros hacemos preguntas de que en otras calles están trabajando y nosotros no, él (Cruz Lepe) lo que dice es ‘porque yo quiero’ y todavía nos dice analfabetas, nos humilla, nos sobaja y reprime. Hay rumores de que la Cámara de Comercio le dio medio millón a él para que nos hiciera eso (retirarlos) porque teníamos un acuerdo que no íbamos a tocar la calle 5 de Mayo”, agregó una de sus compañeras.
Luego de una tensa pugna, comerciantes informales lograron ‘torear’ a los elementos de seguridad, pudiendo instalarse sobre algunos puntos del corredor 5 de Mayo para venta de artículos como ropa, sombrillas y mochilas.
También se presentaron a una reunión con el secretario de Gobernación, que al terminar no generó ningún acuerdo. Martín Juárez, de la 11 de Marzo, aseguró que la Comuna se negó a presentarles una propuesta de reubicación.
