Los estragos de una deuda millonaria como la que dejó el exalcalde Adán Domínguez Sánchez en la capital poblana derivaron en un pronunciamiento unánime a favor de la implementación de la “Ley Adán Domínguez”, para inhabilitar de manera perpetua a servidores públicos responsables de malversar fondos del erario.
Alcaldes de los municipios de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula se pronunciaron a favor de dar marcha a la ley iniciativa propuesta por la diputada del PVEM, María de la Barreda, quien busca sancionar a funcionarios públicos que provoquen daño al erario con dolo comprobado, daño patrimonial significativo y afecten directamente a la población.
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, no titubeó al calificar como correcta la iniciativa, luego de que su antecesor panista dejó en las arcas públicas un hoyo financiero de casi 600 millones de pesos y deudas por más de 400 millones, sin recursos suficientes para cubrir este déficit.
“Es correcta y hay que darle esa fuerza para que, no el nombre, sino cualquiera de los servidores sea inhabilitado, porque no se vale abusar de recursos públicos y que no son de ellos” expuso.
A su vez, la alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, se sumó al apoyo al señalar que, como legisladora, desde el Congreso del estado exhortó a los presidentes municipales a dejar recursos suficientes para los gobiernos entrantes, independientemente de su afiliación política.
Fernández Díaz no se limitó a señalar el caso concreto de la capital, sino que también reveló que su administración recibió deudas de su antecesora, Paola Angón, cuyos detalles prometió desglosar próximamente.
“Nos dejaron muy pocos recursos, ahorita ya no tenemos y luego con el recorte presupuestal se nos ha dificultado más la realización de actividades. El próximo año, ya en enero y en febrero, arrancaremos con más fuerza con las obras y en especial con el bacheo, el cual llegará a todas las zonas de la ciudad, el Centro ha avanzado de manera significativa”.
A la par, Omar Muñoz Alfaro, presidente municipal de Cuautlancingo, también se pronunció a favor de la reforma al Código Penal estatal y, de paso, reveló que desde su llegada al cargo, ha identificado más de 200 irregularidades heredadas del proceso de entrega-recepción, muchas relacionadas con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (Sosapac) en la gestión panista de Filomeno Sarmiento.
“Los presidentes salientes dejaron un hoyo financiero terrible y que nosotros vamos a tener que remar contra corriente y sólo unidos y con un corazón de servicio podremos sacar a nuestra comunidad adelante, no es pretexto”, expuso.
El pronunciamiento a favor ocurrió tras el escándalo por el déficit de casi 600 millones de pesos heredado por el exalcalde Adán Domínguez Sánchez, que dio pie a la presentación de la Ley Adán, una iniciativa elaborada por la diputada María Fernanda de la Barreda consistente en reformar el Código Penal del estado.
La intención es sancionar severamente a servidores públicos que cometan actos graves de corrupción, incluyendo la inhabilitación perpetua, penas de prisión y multas significativas.
De la Barreda manifestó que la medida responde a la crisis financiera y social causada por las irregularidades en la administración panista. Entre los señalamientos destacan gastos excesivos en publicidad, adquisiciones con sobrecostos y el desvío de recursos durante el periodo de veda electoral.
La propuesta prevé sanciones severas para quienes comprometan recursos futuros sin autorización, generen deudas fuera de la normativa o alteren el destino de fondos públicos. Además, contempla mecanismos de restitución del daño para que los recursos desviados sean recuperados.
“El caso que motiva esta reforma no puede quedar en la impunidad ni repetirse jamás. El descontrol financiero, la ausencia de previsión y la falta de respeto por los recursos públicos han causado daños profundos que trascienden lo económico: afectan la confianza en las instituciones y minan el tejido social. Por ello, es imperativo establecer sanciones severas, como la inhabilitación perpetua, para quienes incurran en estas prácticas”, detalló Barreda en su iniciativa.
Durante su gestión, Domínguez Sánchez fue señalado por proyectos como la compra de un helicóptero de 4 millones de pesos, el gasto en papelería promocional y un déficit en obras públicas, entre ellas 45 proyectos inconclusos por falta de recursos. Estas acciones, sumadas al despilfarro en salarios y artículos de lujo, colocaron al exedil en el centro del escrutinio público y político.
La Ley Adán también pretende enviar un mensaje claro: los actos de corrupción tendrán consecuencias irreversibles y a decir de la diputada, está inspirada en modelos internacionales como los de España e Italia, donde sus gobiernos implementaron acciones para blindar sus finanzas públicas.
