Debemos señalar que el papel del Ministerio Público es vital para la sociedad en materia de procuración de justicia. Su tarea implica determinar si un hecho denunciado puede constituir una conducta delictiva para, en caso de serlo, judicializar la acusación ante el juez penal competente. De tal suerte que las fiscalías son la puerta de acceso a la justicia en materia penal. Es así como las instituciones de procuración de justicia, como son las fiscalías, representan los primeros eslabones en el proceso penal y son el punto donde se hace un nudo dentro de dicho sistema, pues es claro que, si las investigaciones que realiza el MP no se hallan bien armadas, baja la posibilidad de que esos casos puedan esclarecerse. Considérese que las fiscalías son las que atienden la enorme mayoría de los actos ilícitos que afectan a la población.
Hay que considerar, bajo este contexto, que la cifra negra, la cual se establece con los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación más aquellos en los que no se especificó si fueron denunciados o si se inició carpeta de investigación, da una cifra de 92.4 por ciento a nivel nacional. Esto significa que la sociedad en general no confía en las fiscalías para encontrar el camino de la justicia. Ante esta situación no puede hacer nada el PJF, el problema del acceso a la justicia radica en la institución de las fiscalías que no cumple con su compromiso ante la demanda de justicia por parte de la población.
Según los datos reportados por el estudio Hallazgos 2022 elaborado por México Evalúa, durante 2022, la media nacional que alcanzó la impunidad fue de 96.3 por ciento de los casos de los cuales tuvo conocimiento el MP, lo que significa que la efectividad de dicha institución que procura justicia fue de 3.7 por ciento. Es francamente terrible esta cifra, pues refleja la nula capacidad que presenta el MP para que la sociedad en general pueda acceder a la justicia penal en nuestro país.
Es necesario que las instituciones de procuración de justicia, como son las fiscalías, deben considerar los siguientes elementos para que su proceder sea el que espera la población: recuperar la confianza pública en el sistema de justicia penal, garantizar plenamente los derechos de las personas supuestamente culpables y de las víctimas, actuar con eficacia, ser eficientes, establecer los instrumentos necesarios que coadyuven para la consolidación de un sistema de justicia, para todas las fiscalías, que abata considerablemente la impunidad reinante a partir de la reducción del número de delitos que no han sido resueltos y usar de guisa racional las penas privativas.
Pero todo lo anterior pasa por un tema urgente, el presupuesto público a las fiscalías debe fijarse en parámetros del Producto Interno Bruto de los estados y con ello garantizar una base solida presupuestaria para que el personal de las fiscalías sea mejor remunerado, para que los institutos periciales tengan mejores equipos y para que las policías de investigación tengan y dispongan de mejores herramientas; de no hacerlo así, la brecha de la justicia penal será más grande cada día, y con ello el descontento social.
