Cerrar carreteras en nuestro país se ha convertido en un deporte nacional, el objetivo siempre es el chantaje, la presión y la solución forzada de las diversas demandas de los grupos sociales. El bloqueo de carreteras federales y estatales ha provocado pérdidas económicas para la industria y el comercio, sin que el gobierno tenga una estrategia que le permita contrarrestar los negativos efectos de estas acciones que, independientemente de su probable y legítima naturaleza, no deja de ser un acto criminal que atenta contra los derechos de todos.
Es evidente que los gobiernos estatales y el federal, por no repetir eventos que en la historia de nuestro país han sucedido y que han finalizado, por desgracia, en actos severos de represión y de exceso de violencia, se han olvidado, también, de que ellos tienen el monopolio legalizado de la violencia (Weber dixit) y que están obligados en todo momento a hacer valer las leyes y el derecho con el propósito de mantener vigente el Estado de Derecho. Todos nos conformaríamos con el cumplimiento irrestricto al párrafo tercero del artículo primero de nuestra carta magna que dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Debemos mencionar que en los últimos días se produjo una acción concertada que realizaron cinco diferentes grupos de ejidatarios, que bajo el asesoramiento de dos abogados Jorge Portilla Alba y de Patricia Rodríguez Flores, llevaron a cabo el cierre de la carretera México-Puebla; el cierre del Arco Norte donde el bloqueo se realizó a la altura del kilómetro 182, viéndose afectado el tramo que va desde San Martín Texmelucan (Puebla) a Calpulalpan (Tlaxcala); el cierre de la autopista, en el kilómetro 45, entre Tlaxco (Tlaxcala) y Tejocotal (Hidalgo); el cierre de la carretera en la Apizaco-Huamantla y un tramo del Libramiento en Tlaxcala.
Como es evidente, los dos cierres que causaron el mayor daño a la población y a las actividades económicas del país son los que se realizaron en la México-Puebla y en el Arco Norte. Estos cierres y bloqueos tuvieron una duración de aproximadamente más de 110 horas y que provocaron afectaciones económicas por 130 mil millones de pesos, según reportaron los presidentes y representantes de distintas cámaras empresariales, los cuales han exigido a las autoridades competentes que se aplique el Estado de Derecho para que no se siga presentando este tipo de actitudes violatorias de la ley y causantes de enormes pérdidas económicas y transgresoras de los derechos de terceras personas.
En términos generales, la causa de estos cierres que se produjeron en cuatro entidades del país (Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México) tienen como común denominador la exigencia de reclamar el pago de indemnizaciones de sus tierras que les fueron expropiadas para la construcción de carreteras federales y de cuota, un gasoducto y la construcción de un parque, dichas situaciones se realizaron, en algunos casos, hace más de cincuenta años.
Hacer respetar la ley, garantizar los derechos humanos, procurar un estado constitucional de derecho, no es sinónimo de reprimir; pues existen protocolos de uso de la fuerza que permiten desbloquear, encapsular un movimiento social, sin necesidad del enfrentamiento directo entre policías y manifestantes, dichos protocolos establecen parámetros de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, congruencia, oportunidad, y de rendición de cuentas (DOF 19/10/2021), solo habría que seguirlos y por supuesto alguien debe dirigirlos y asumir la responsabilidad de hacer valer la Constitución en favor de la interés general, es decir, no cuidar solo al manifestante sino a los millones de usuarios de las vías de comunicación que simplemente quedan privados de sus libertades y de sus derechos al permanecer días estacionados en medio de la nada, y en las condiciones más inhumanas posibles.
