La tarde de ayer, los regidores del Cabildo de Puebla recibieron la orden del día de la sesión ordinaria de este próximo viernes 13 de septiembre, pero a diferencia de las veces pasadas, entre los asuntos enlistados se incluyó, casi oculto, un punto de acuerdo presentado por las regidoras Ana María Jiménez Alonso y Christian Guzmán Jiménez para que se apruebe el “pago de compensación respecto a la reparación del daño” por la cantidad de 482 mil 394 pesos “derivado de la recomendación 36/2023”, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, contra Eduardo
Rivera Pérez.
Las sospechas saltaron porque en ninguna parte del texto se explicó las causas que derivaron en la sanción y la recomendación en sí misma. No era para menos. Las regidoras decidieron omitir la parte fundamental: Se trata de una reparación del daño a consecuencia de la violación que sufrió una joven de 21 años, el pasado 17 de marzo de 2023, a manos de dos policías municipales a cambio de no multarla ni confiscar la motocicleta en la que circulaba por la colonia Clavijero.
Incluye también la revictimización que sufrió posteriormente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no solo pusieron en duda lo que le ocurrió sino que la dejaron encerrada, incomunicada, sin alimentarse ni recibir atención médica por varias horas.
Para quienes hemos cubierto las sesiones de Cabildo o conocemos los trucos de las administraciones municipales sabemos que este tipo de prácticas son comunes cuando las autoridades pretenden ocultar un fallo adverso en los tribunales que derivan en sanciones económicas.
Pero este caso es muy diferente. Al no incluir explícitamente las razones del punto de acuerdo, la panista Ana María Jiménez y la priista Christian Guzmán invisibilizaron, una vez más, a la víctima e intentan minimizar la gravedad de la situación.
El asunto se torna peor, porque con la propuesta, que seguramente será aprobada por la mayoría del PRIAN, se pretende hacer copartícipe al Cabildo, a fin evitar que el pago salga de alguna oficina municipal y pueda derivar en una observación. Con el aval de los regidores, la Tesorería, la Sindicatura u otra instancia pueden argumentar que fue una instrucción y que ningún otro funcionario podía realizarlo.
Ana María Jiménez, mujer de todas las confianzas de Eduardo Rivera Pérez, es presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y justo allí es donde debió discutirse. Al presentar un punto de acuerdo evitó que la oposición ahondara en el tema y verse obligada a dar explicaciones, que el asunto escalara a otras comisiones y obligar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a rendir un informe.
Decimos que la víctima fue nuevamente invisibilizada porque, si las regidoras del PAN y el PRI actuaran con perspectiva de género, no solo estarían interesadas en que se encontrara el mecanismo para el pago de la reparación del daño sino en exigir que la titular de la corporación, María Consuelo Cruz Galindo, presente un informe completo sobre el cumplimiento de la recomendación y las acciones que se tomaron para evitar una nueva tragedia de esta magnitud.
El caso involucra también a la contralora Alejandra Escandón Torres, a quien las regidoras, si actuaran con perspectiva de género, obligarían a que detalle sobre las investigaciones y procedimientos sancionadores contra todos los involucrados: dos policías violadores y otros siete que revictimizaron a la joven.
El asunto no es menor y si todavía no se entiende su gravedad, entonces, se comprueba una vez más que estamos ante un gobierno municipal indolente e incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos.
Después de hacer una profusa investigación, la CDH emitió nueve recomendaciones que, por su impacto, comprueban los graves fallos en la actuación de la SCC y el Ayuntamiento de Puebla. Incluso, al leerlas queda claro que la menor de las observaciones es la reparación del daño, pero es justo ese punto el que más les importa a Ana María Jiménez y Christian Guzmán para cumplir con la víctima.
¿Por qué es la menor? Porque el organismo fue a la yugular para erradicar el problema y atender a la víctima. A esto se suma la total opacidad con que se conduce la administración panista.
Nadie, por ejemplo, sabe hasta el momento si ya se cumplió con el ordenamiento de “atención psicológica y médica apropiada, suficiente y gratuita a V1 (la joven agredida), misma que deberá otorgársele de forma continua hasta que supere las secuelas producidas con motivo de los hechos referidos el presente documento y que permitan su adecuada rehabilitación”.
Tampoco sabemos si ya se profundizó en determinar las responsabilidades administrativas de los policías violadores o qué ocurrió con el proceso jurídico por el delito de abuso de autoridad en que incurrieron.
Nada se sabe de las recomendaciones en las que solicitó “el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad por la falta de debida diligencia de las y los servidores públicos de la SSC, que actuaron como primeros respondientes, así como aquellos que brindaron atención inicial a la víctima y que le provocaron una victimización secundaria”.
Dos temas prioritarios insertos en la recomendación son someter a los integrantes de la SSC a capacitaciones sobre “respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, establecidos en la legislación local, nacional e internacional, abarcando la temática de la violencia sexual e institucional”.
Esto, dice el organismo, aseguraría “que los primeros respondientes realicen su encomienda de acuerdo con los más estrictos estándares de debida diligencia reforzada”.
El otro es que nada se sabe sobre un “protocolo de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, que contenga los lineamientos de actuación y pasos a seguir por cada persona servidora pública que intervenga, así como de los primeros respondientes; incorporando estándares internacionales en la materia y el abordaje integral; además, deberá contemplar el enfoque especial y diferenciado para las víctimas de violencia sexual”.
Nada sabemos sobre el cumplimiento de estos puntos clave.
Lo que sí sabemos es que a dos regidoras les urge que el Cabildo apruebe un punto de acuerdo que evite una sanción administrativa para un funcionario que pague la reparación del daño luego de que dos policías violaran a una joven de 21 años para que no le confiscaran su motocicleta ni imponerle una multa de 25 mil pesos.
