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miércoles, octubre 9, 2024

Aproximación por exceso

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La reforma al Poder Judicial Mexicano es un hecho. Pero, para que la decisión del presidente López Obrador tome forma en la vida ordinaria, falta mucho tiempo, más para que sea aceptada ampliamente y, mucho más, para que sea comprendida en su eficiencia política y social.

La decisión en el Senado de la República, todavía ayer, cuestionaba la precisión de su validez legal. La legitimidad lo seguirá siendo y va para largo.

Son 85 u 86 senadores los necesarios para lograr la “mayoría calificada” con la que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, blinda la tentación de quienes quieren enmendarla, será siempre la piedra angular de la discusión histórica.

La definición legislativa, al menos en experiencias anteriores, es muy clara: no se puede disponer de 85.33 diputados, o son 85 o son 86.

El glosario oficial establece que 86 da fuerza legal suficiente para hacer incuestionable la decisión de la Cámara Alta. Por eso, la discusión, por eso, los apuros de la alianza gobernante, para conseguir un senador, que le hace falta y que, para dar fuerza moral a esta Reforma, le es indispensable.

Siempre habrá alguien dispuesto a decidir en favor de la Patria o en beneficio de la Nación. Siempre ha sido posible que un mexicano o mexicana se convierta en el “fiel de la Balanza” a que se refería José López Portillo.

El largo proceso de aprendizaje de la verdadera política, la de la negociación, el pacto, “el ponte en el lado bueno de la historia” y “el qué quieres o cuánto vales”, son normas de la institucionalidad en las decisiones importantes. Con mayor razón en México y en
un partido que toda la vida ha luchado en la negociación marginal, para que, por fin, tras 18 años le fuera reconocido su acceso al poder público. Los genes del abuelo priista, también operan bien.

Pero el problema en la moral política, si es que la hubiera, no será ese esfuerzo. Lo importante en el desarrollo democrático nacional serán las consecuencias, al menos en un primer tramo en el cual los electores aprendan a escoger los candidatos y luego aprobar a quienes, con estudios y experiencias suficientes o no, sean elegidos, por voto universal, libre y secreto, para garantizar una administración de la justicia justa, oportuna y suficiente.

Esta circunstancia de hoy, me recuerda un debate parecido, allá en los años 80s, cuando por primera vez se discutía darles el voto a los jóvenes de 18 años y no permitirles competir por un puesto, aunque fuera de regidor en un ayuntamiento.

La soberbia de los juristas más reconocidos, diría Jesús Reyes Heroles, el sabio arquitecto del proceso histórico, cuyos efectos, ahora motivan discusiones y decisiones posibles, fue vencida por los gritos y las exigencias del pueblo trabajador, cuando exigían, que, en el texto constitucional de 1917, se escribieran con toda claridad y fuerza, los conceptos de huelga, “la tierra es para quien la trabaja”, entre otros.

Los juristas formales aceptaban a regañadientes conceder el voto a los 18 años, pero no permitir que un inmaduro joven pudiera ser elegido a un puesto de elección popular.

Era un contrasentido, se reconoce su capacidad para elegir hasta al presidente de la República, pero no se les reconocían capacidades para gobernar.

Estamos en algo parecido. Los elegidos podrán o no ser los mejores, pero no se debe discutir las capacidades del “pueblo bueno”, el “pueblo sabio”, para poder elegir a los mejores.

En eso estriba la aproximación por exceso de ahora. Nos recuerda que el debate más importante no está en los senadores o diputados, cuyos sesgos de obediencia, pudieran apartarlos de la sabiduría popular. El debate está en la calle, donde viven los electores, que se han expresado en uno o en otro sentido de la decisión.

Ahí seguirá, hasta que, la primera experiencia confirme si fue, un acierto o un error, devolver, a la sabiduría del pueblo bueno y sabio, la confianza para que elija a los mejores administradores de justicia.

Será en la honesta y pertinente aplicación de esta nueva legislación, a la hora de decidir, donde se compruebe la eficacia de la aproximación por exceso, en la que, fue tomada. Y vaya que ha sido por muy poca aproximación a la voluntad popular y en abundante exceso, al origen de esta reforma.

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