En su afán por pretender vender un falso acercamiento con los 217 municipios de la entidad, el candidato del PRIAN a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, difundió en sus redes sociales su compromiso de campaña de imponer representantes del gobierno del estado en cada una de las alcaldías, quienes fungirán como representantes de su administración y serán electos por los ciudadanos.
La propuesta, sin embargo, es ilegal a todas luces debido a que vulnera la fracción primera del artículo 115 Constitucional que reza: “I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”.
Así como lo lee: No habrá ninguna autoridad intermedia entre el municipio y el gobierno del estado.
Esta ocurrencia evidentemente inconstitucional, evidencia en su justa dimensión la concepción del panista sobre la forma de ejercer el poder. De acuerdo con las palabras de Eduardo Rivera, sus representantes serán los intermediarios entre la gente y su gobierno, lo que significa por pretenden hacer a un lado a los presidentes municipales, restarles poder y/o tendrá a alguien que opere a favor o en contra de cada Ayuntamiento, de acuerdo con sus intereses o filiación política.
Esta intromisión, además, cargaría de una mayor burocracia al gobierno del estado, pues la mayoría de las dependencias tienen a sus propios delegados para que lleven a buen puerto los programas sociales o institucionales. Gobernación, por ejemplo, tiene representantes regionales que coadyuvan a las tareas en este sentido, lo mismo la Policía Estatal, el DIF o Bienestar.
Ahora, lo que el panista quiere es tener representante directo del gobernador en cada municipio, es decir, ya no sería la figura del delegado regional sino que es la violación simple y llana de la autonomía municipal, una acción ociosa e ilegal.
Resulta todavía más grave esta propuesta porque a pesar de que Eduardo Rivera ha sido presidente municipal en dos ocasiones y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de México (la cofradía de los ediles panistas), en los hechos representa matar la histórica lucha municipalista que tanto costó precisamente a los ediles de extracción blanquiazul.
La intromisión que ahora pretende olvida la férrea defensa que hiciera el primer alcalde de la oposición en la capital poblana, el panista Gabriel Hinojosa Rivero, quien hizo frente a la decisión del exgobernador Manuel Bartlett Díaz de entrometerse, entre otras cosas, en la manipulación de la asignación de obras a través de los Comités de Planeación de Desarrollo Municipal.
Esto derivó en una controversia constitucional que el panista ganó después de años de litigios y sentó un gran precedente a favor de la autonomía municipal, además de poner freno a las intentonas de los gobernadores por pisotear a los ediles.
Como se podrá entender, la “ideota” de Eduardo Rivera ahora tiene como objetivo ir en contra sentido de la lucha panista: meter mano impúdicamente en la vida de los municipios, vulnerar la autonomía municipal, restar poder a los alcaldes e imponer a un personaje que solo responde a los intereses del gobernador. ¡Una locura!
Los pésimos estrategas del exalcalde evidenciaron que su patrón -que a la vez es el empleado de los jefazos del Yunque- no puede ocultar su ansia patrimonialista al querer imponer a 217 gerentes municipales -el de Puebla, Adán Domínguez, ha sido el peor velador contratado- en todo el estado y negarse a hacer política con los presidentes municipales e influir descaradamente en la actividad de las alcaldías.
En el fondo, estamos ante la nueva versión de Luis XV: El Municipio Soy Yo (el gobernador).
¡Que el Conde Guillotín los redima!
