Reformar no es desaparecer.
Es fundamental entender esta diferencia para dimensionar el debate que se ha generado en torno a la propuesta presidencial de crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que mejore las funciones del Instituto Nacional Electoral, evite duplicidades y optimice el gasto.
Es claro que la intención es ajustar el organismo ciudadano a los nuevos tiempos que vive el país y pasar de la democracia representativa a la participativa.
Una de las acepciones de “reformar” en el diccionario de la Real Academia Española, es “enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables” y justamente ese es el espíritu de esta iniciativa.
En la actualidad, la duplicidad de funciones y gastos que representa contar con organismos locales y un organismo federal hacen de la democracia mexicana una de las más caras en el mundo, con un costo estimado de 291 pesos por voto —si se toma en cuenta el presupuesto para el INE y las prerrogativas de los partidos, entre el padrón electoral—, contra 11.67 dólares (233 pesos) que cuesta en Estados Unidos; 1.88 dólares (37.6 pesos) en Francia, y 44 centavos de dólar (8.8 pesos) en Rusia, según un estudio de la UNAM de 2017.
La existencia de los Organismos Públicos Electorales Locales (Oples) y los tribunales electorales locales, pierde cada vez más sentido debido a que parte de la organización y las impugnaciones de los institutos políticos terminan resolviéndose en las instancias federales.
La reforma también busca optimizar las funciones del organismo nacional, así como los tiempos en el conteo de votos y emisión de resultados, lo cual es posible si se toman como referencia los más recientes comicios en Brasil (con una población doblemente mayor a la de México) en los que se conoció el desenlace la misma noche de la jornada.
Desde donde se vea, traerá beneficios a la democracia; la elección de los consejeros —que pasarán de 11 a siete— por voto directo garantizará que no respondan a intereses partidistas ni se convierta en una cuota política, sino una verdadera expresión ciudadana.
Las candidaturas plurinominales son una figura que resulta insostenible en el escenario democrático que requiere el país, ya que se convirtieron en cotos de poder con los que se premia a políticos sin méritos y eleva el costo de las Cámaras. Por tanto, su desaparición será benéfica para el país.
Qué decir de las multimillonarias sumas que reciben los partidos por concepto de prerrogativas que resultan ofensivas y que, en algunos casos, han servido para enriquecer familias políticas. Con la reforma, el gasto solo se limitará al financiamiento de campañas, con la generación de ahorros, que serán destinados para atender las necesidades sociales más sentidas.
La reducción de porcentaje de participación para que una consulta sea vinculante, que pasará de 40 a 33 por ciento, sin duda, es una buena oportunidad para que los ciudadanos realmente influyan en la toma de decisiones en el país.
Claramente, en caso de lograrse la reforma, será necesario un constante ejercicio de evaluación y ajustes, con la participación de los ciudadanos y las fuerzas políticas, por medio del diálogo abierto y respetuoso.
La marcha multitudinaria convocada este domingo por organismos empresariales fue una muestra de las libertades que vivimos en México, con la posibilidad de expresar puntos de vista y desacuerdos; lamentablemente, como era de esperarse, actores políticos interesados en que las cosas no cambien la aprovecharon con intereses personales. Eso es lo que ya no podemos tolerar.
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