El pasado 21 de octubre, el expresidente municipal de Zongozotla, Zeth Lima Barrientos, puso sobre la mesa de discusión en el PAN, el grave atraso que dicho partido arrastra en materia de justicia a los grupos y comunidades indígenas.
A través de una petición oficial que presentó ante la presidenta estatal, Augusta Díaz de Rivera Hernández, el exedil indígena advirtió que Acción Nacional, a diferencia de Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano y hasta el Partido Verde han garantizado el cumplimiento de acciones afirmativas para incluir en los diferentes órganos de gobierno a dichas comunidades y garantizar su inclusión.
“Morena ha incorporado en sus estatutos la obligación de integrar representantes indígenas en sus consejos y comités, reflejando la diversidad cultural del país. El PRI ha promovido la participación indígena a nivel local, en zonas con alta presencia indígena, aunque su avance a nivel nacional en este tema aún es limitado”, sostiene en el escrito presentado.
Ante la nueva realidad, sostiene, es indispensable que en el PAN se establezca la cuota indígena para la integración del Comité Directivo Estatal y así garantizar la incorporación de dicho sector.
La petición en concreto fue que “se considere de acuerdo a la pluralidad de nuestro Estado, que la convocatoria que se emita para la renovación del Comité Directivo Estatal especifique que en la integración de las candidaturas en las planillas que se postulen, que por lo menos 33.2 por ciento de los integrantes sean militantes
originarios de algunos de los Pueblos indígenas que habitan nuestro territorio estatal.
“Que este criterio aplique a todas las posiciones que se incluyan en la convocatoria incluyendo la Presidencia del CDE y la Secretaría General”.
Esa demanda parecería exagerada, pero no lo es. Y el mejor ejemplo de la burla es el reportaje que la presentamos en esta edición sobre 22 prominentes yunquistas que fueron sembrados en municipios indígenas, para que fueran electos como consejeros estatales en un abierto y ruin menoscabo de la militancia de esos lugares.
Esta situación resulta más que grave ya que Eduardo Rivera, en su afán por atragantarse solo con el pastel del partido le valió un soberano cacahuate la militancia del interior del estado e impuso a sus incondicionales para garantizar el control del Consejo Estatal.
El desprecio del Yunque burocrático hacia las comunidades indígenas y militancia del interior del estado quedó de manifiesto durante los dos años previos a la elección del pasado 2 de junio. Eduardo Rivera pensó que las obscenas cantidades de dinero que gastó en su imagen personal servirían para potenciar sus aspiraciones a la gubernatura.
En dos años, no pisó ningún municipio del interior ni le interesó ir por la militancia. Decidió que sus achichincles, principalmente el insípido Marcos Castro Martínez, fueran los responsables de tratar con la raza y que le hicieran el trabajo de convencimiento.
Siendo candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera se topó con la cruda realidad de su desprecio: actos vacíos, acarreados que no cumplían con la misión de espera a que siquiera terminara el acto del abanderado y otras lindezas.
La militancia estaba y sigue enojada porque el yunquista prefirió darle todas las canonjías a un partido desprestigiado por sus vínculos con presuntos integrantes del crimen organizado. La lógica fue sencilla: El huachicol vale más que la militancia.
Hoy que se sabe que Eduardo Rivera no tuvo el mínimo empacho de engrosar el Consejo Estatal con falsos indígenas azules, las demandas del sector indígena panista no suenan nada descabelladas y confirman que el malinchismo es la moneda de cambio de Rivera Pérez y su séquito.
