La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirán un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras, con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores.
“Son —como anunciamos el 1 de octubre— un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además, un millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo”, informó durante la conferencia de prensa matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Explicó que, del millón de viviendas nuevas, 500 mil serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la población derechohabiente, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) levantará otras 500 mil para personas no derechohabientes, cuyo financiamiento será por parte de la Financiera del Bienestar (Finabien).
“El objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y, particularmente, las y los jóvenes, tengan acceso a la vivienda”, agregó.
Puntualizó que este programa tiene como principal objetivo garantizar el derecho a un techo, lo que no sucedía en gobiernos neoliberales, donde la construcción de viviendas se enfocaba en el desarrollo inmobiliario y no en garantizar los derechos del pueblo de México.
“Durante el periodo, principalmente de Fox y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos, muchas de las cuales están abandonadas; se habla incluso de 600 mil viviendas abandonadas. A diferencia de entonces, que era un programa para las inmobiliarias, este programa es totalmente distinto”.
“Si se fijan, estamos pensando en terrenos y unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo, donde haya servicios y acceso a transporte público. El objetivo es dar vivienda a quien más lo necesita, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo. No es construir por construir; esa es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación”, precisó.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que el Programa de Vivienda y Regularización implica una inversión federal de 600 mil millones de pesos para beneficiar a todas las zonas del país con la construcción de 325 mil viviendas en el sur; 239 mil 400 en el centro; 228 mil 800 en el centro-norte y 206 mil 800 en el norte. Además, se contemplan 450 mil acciones de mejoramiento y ampliaciones en zonas prioritarias con alto grado de marginación, lo que generará 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos.
Precisó que, en 2025, se construirán 165 mil viviendas nuevas; se mejorarán 100 mil viviendas en la zona oriente del Estado de México y se regularizarán más de 120 mil escrituras.
El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, señaló que para la construcción de las 500 mil viviendas nuevas de interés social de bajo costo se destinará una inversión de 288 mil millones de pesos, así como la entrega de 250 mil créditos para mejoramiento, con un presupuesto de 20 mil millones.
Expuso que, de acuerdo con la instrucción que dio la presidenta de México, Infonavit conformará una empresa constructora para disminuir costos e incrementar la capacidad de vivienda.
El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, explicó que esta institución construirá 500 mil viviendas, con todos los servicios y de hasta 600 metros cuadrados, con inversión de 285 mil millones de pesos, y mejorará 300 mil viviendas con 15 mil millones.
Destacó que se entregarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente de bajos ingresos con tasa de interés del cero por ciento. La capacidad de pago será determinada por un estudio socioeconómico, con mensualidades asequibles que no rebasen el 30 por ciento de los ingresos de los beneficiarios, tomando en cuenta un periodo de hasta 30 años para el pago total.
Para ello, explicó, se llevará a cabo un censo casa por casa y se abrirán solicitudes a través de los servidores de la nación.
Destacó que, dentro de las 500 mil acciones de vivienda, se destinarán 100 mil a un Programa de Vivienda Nueva en renta para jóvenes entre 18 y 30 años, con temporalidad de cinco años que podrá ampliarse hasta por dos más, en unidades habitacionales cercanas a centros educativos y zonas industriales, con todos los servicios, y cuyo alquiler no rebase el 30 por ciento de sus ingresos, determinado con un estudio socioeconómico.
La directora general de la Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, detalló que esta institución será la encargada de la dispersión de recursos para el financiamiento de las viviendas de no derechohabientes, así como de la recuperación. Esto, a través de las mil 700 sucursales, donde los beneficiarios podrán tramitar los documentos correspondientes.
El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta Carroll, puntualizó que, en el caso de la regularización de escrituras, este instituto gestionará 700 mil trámites, mientras que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) se encargará de 100 mil escrituras, y finalmente 200 mil serán responsabilidad de Infonavit.
Explicó que a través de Insus se trabajarán 700 mil escrituras y se colaborará con Fovissste e Infonavit para alcanzar el millón de escrituras. En una primera etapa, en 2025, se tendrán 120 mil escrituras en el oriente del Estado de México.
AVANZA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso durante “Las mañaneras del pueblo” que el sábado 12 de octubre el Senado de la República llevó a cabo el proceso de insaculación, mediante el cual se acordó que 850 cargos judiciales serán elegidos por voto popular en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025: 464 magistraturas y 386 juzgados federales.
El 16 de octubre, el Senado publicará, de acuerdo con la ley, la convocatoria general para que los Poderes de la Unión integren los Comités de Evaluación, con miras a que se instalen el 31 de octubre.
Detalló que la publicación de la convocatoria para quienes busquen ocupar un cargo en el Poder Judicial será el próximo 4 de noviembre; la inscripción de las y los aspirantes, el 24 de noviembre; y la verificación de la documentación, el 15 de diciembre.
El 31 de enero de 2025, los Comités de Evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. El 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de aspirantes y obtener tres candidaturas por cada cargo: ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se obtendrán dos candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito.
El 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral (INE). Antes del 15 de marzo, los Congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de las candidaturas.
En consecuencia, el 1 de junio de 2025 se llevarán a cabo las elecciones en las que el INE realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados, entregará las constancias de mayoría a los vencedores y declarará la validez de la elección.
El 28 de agosto deberán estar resueltas las impugnaciones ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el 1 de septiembre los jueces electos tomarán posesión de sus cargos en el Senado de la República.
