La vinculación a proceso, en la que se corroboró la acusación por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento, se comprobó que la oposición está en una posición errónea sobre una supuesta persecución en contra del dirigente municipal del PAN, Jesús N., quien también fue denunciado por la Función Pública ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEP) por faltas administrativas graves.
“No hay ningún perseguido, ni se está inventando ningún tipo de delito”, sentenció el gobernador Sergio Salomón Céspedes tras ser informado la víspera sobre las acusaciones que pesan sobre el panista.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que equivocadamente se dijo que existía una persecución en contra del líder capitalino del blanquiazul, cuando la denuncia por la que fue vinculado a proceso penal data de 2019 tras su paso como director general del Conalep.
Tras una maratónica audiencia que se prolongó durante poco más de 15 horas, Jesús Salvador N., fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento, luego de que no se comprobaron los entregables en 19 contratos de obra y servicios durante su gestión en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico (Conalep), en el año 2018.
Cuestionado al respecto, tras la encabezar junto con su esposa, Gaby Bonilla, presidenta del Sistema Estatal DIF, la entrega de 23 ambulancias a municipios y aparatos ortopédicos, el gobernador precisó que se mantiene ajeno al proceso penal que enfrenta el exidirector del Conalep.
En ese tenor, indicó que los procedimientos que son parte del proceso penal contra Jesús N. corren a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como por parte del Poder Judicial del Estado.
“La visión de ellos es una visión, creo yo, errónea no hay ningún perseguido, no se está inventando ningún tipo de delito y eso corre en la vía de la Fiscalía (General del Estado) y del Poder Judicial, nosotros estamos totalmente ajenos a ello”, puntualizó.
Desde la Casa de Justicia, el juez de control Francisco Javier Martínez Castillo, desestimó los alegatos presentados por la defensa del líder panista en la capital poblana y, por tanto, también el sobreseimiento del caso, con lo cual la vinculación a proceso se hizo efectiva a partir de las 3:21 horas de la madrugada de este martes.
En la exposición de pruebas, la agente del Ministerio Público detalló que, según los peritajes, en la solicitud de ampliación por 30 millones de pesos que se utilizaron para obras y servicios que en apariencia no se ejecutaron, no se pidió la aprobación de la junta directiva del colegio, lo que violó la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla.
Tras la vinculación a proceso del presidente municipal del PAN @JesusZaldivarB , el gobernador @SergioSalomonC señaló que se corrobora que la posición tenía una versión errónea sobre una supuesta persecución, puesto que es un asunto que corre en la cancha del @PodJudPue , dijo pic.twitter.com/QxeF2t52KE
— Ciro Calderón (@calderonciro) February 20, 2024
HAY UNA DENUNCIA PENDIENTE
Por su parte, el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, indicó que la investigación que inició la Fiscalía que se sigue bajo la causa penal 3821/2023/Puebla, se originó en la dependencia que encabeza, pero en 2019, cuando no era titular.
En ese sentido, dio a conocer que los hallazgos que tuvo la secretaría —que derivaron de una denuncia anónima— se presentaron ante la Fiscalía General del Estado y también, reveló, ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEP), instancia que tendrá que resolver en la parte de responsabilidad administrativa que tuvo Jesús N.
“Las mismas faltas graves las establece el propio Tribunal de Justicia Administrativa, pueden ser sanción económica, su inhabilitación, suspensión del cargo o empleo, que en este caso no aplicaría, y están establecidas en la ley cual puede ser lo que ellos lleguen a sancionar”, explicó respecto a las posibles sanciones que podría recibir el panista por la vía administrativa, independientemente de la penal.
Moreno Valle indicó que únicamente están a la espera de que el Tribunal administrativo emita su resolución para determinar si interponen un recurso de apelación en contra de la resolución que tomen los magistrados, en caso no resultar favorable al estado.
