La polémica desaparición de Liliana Lozada tras abordar un vehículo DiDi ha dado una herramienta más al gobierno del estado para acelerar la regulación del transporte ejecutivo. A decir del mandatario Miguel Barbosa Huerta, las plataformas no sólo deben mantener precios accesibles sino garantizar la seguridad de los usuarios.
En su habitual conferencia matutina, el gobernador del estado sostuvo su posición dentro de la batalla que ha emprendido contra Uber, DiDi y Cabify, aplicaciones que se han visto envueltas en escándalos y hasta en presuntos feminicidios como el de Mara Castilla; lo que ha dado la pauta para su regulación y su expulsión temporal.
Barbosa Huerta advirtió que no le interesa quedar bien con ninguna persona que trabaje en las plataformas de transporte, pues si bien son servicios útiles para la movilidad de los poblanos, desde su entrada a Puebla en 2013 hasta la fecha han operado sin una norma establecida por la autoridad.
Es por eso que -apuntó- se debe garantizar un servicio accesible en cuanto a costos para los usuarios y que sea seguro, además de que otorgue la transparencia de conocer los datos del conductor y compartir la ruta que sigue, por lo que las leyes de Transporte y Movilidad funcionarán para regular estos esquemas.
“Nosotros vamos a meternos a la regulación de todas esas actividades, no me interesa quedar bien con nadie de ellos. No quiero satanizar ningún servicio por que son muy útiles, esta forma de transportarse está instalada en todo el mundo y por ello deben de garantizar seguridad y un precio justo, no estar con que hoy se tomó un servicio de una plataforma y no sabe quién se conduce”, expresó el mandatario.
En días previos, DiDi se deslindó de la desaparición de la joven Liliana Lozana, quien tomó el servicio en la unidad habitacional Bosques de San Sebastián con rumbo a Atlixco, pero nunca regresó a su casa. La empresa alegó que sí se cumplió con el traslado pactado y de ahí no cuentan con mayor información.
Desde finales del 2021, el gobierno de Puebla entró en conflicto con las plataformas de redes transporte por el aumento que hicieron en sus tarifas, lo que llevó al Ejecutivo a establecer cuotas máximas para los traslados. La acción generó una airada reacción de los conductores de esas empresas, quienes que se manifestaron para rechazar la regulación gubernamental.
Además, promovieron un amparo para echar abajo la restricción en el cobro de tarifas dinámicas. En ese juicio la autoridad judicial les otorgó una suspensión provisional.
