El gobierno del estado, en conjunto con ayuntamientos, integraron una comisión para echar abajo los contratos del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) de la empresa Infraenergía para el servicio de alumbrado, que obligó a siete municipios a comprometer recursos por 476 millones de pesos, de los cuales aún faltan por liquidar 255.4 millones.
A decir del gobernador Miguel Barbosa Huerta, dichos contratos provocaron una asfixia financiera en los municipios donde fue impuesto en 2014 por el régimen morenovallista, además de detectar violaciones en su cumplimiento, es decir falta de mantenimiento, mala operación y deficiencia en el servicio, lo que derivaría en su cancelación.
“Me lo han planteado ayuntamientos que están asfixiados por una vileza y actos de extremos abusos, porque ahora esas empresas no se ocupan de nada, no cambian ni un foco aún cuando su obligación tiene vigencia, ya lo resolverán las autoridades, pero no vamos a dejar de apoyar a municipios”, agregó el gobernador.
Además de esta acción, el mandatario abrió la posibilidad de iniciar procedimientos contra los exfuncionarios que se vieron beneficiados por el esquema de cobro utilizado por el morenovallismo, entre ellos Gerardo Islas Maldonado, actual dirigente nacional del partido Fuerza Social por México, que en su momento apoyo de manera incondicional la imposición de la empresa.
“En un asunto que lo tenemos identificado y tenemos una comisión que investiga y revisa el modelo para poder echar abajo estos PPS. Son contratos de instalación de luminarias y ya no sustituyen ninguna luminaria, no cumplieron y hubo personajes políticos, algunos que formaron partidos nuevos, ustedes saben a quién me refiero. Todo esta caminando”, aseveró el mandatario.
Cabe recordar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los municipios de Acatzingo, San Martín Texmelucan, Atlixco, Amozoc, Acatlán, San Salvador El Seco y Libres mantienen una deuda de 255.4 millones por el contrato signado con Infraenergía y que deberá estar liquidada en 2024, aunque la intervención interinstitucional del Ejecutivo y los municipios, podría acortar la fecha.
RESCINDIR DE LOS CONTRATOS
Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Eduardo Alcántara Montiel hizo un llamado a los alcaldes que heredaron los PPS de Infraenergía, a revisar el cumplimiento de los trabajos pactados y, en caso de detectarse anomalías, evitar el pago de la contraprestación previo a utilizar la recaudación que obtengan por el Derecho de Alumbrado Público (DAP).
El legislador blanquiazul apuntó que el problema no fue el esquema para la contratación de PPS por parte del gobierno estatal y los ayuntamientos, sino el seguimiento de las obligaciones contractuales por parte de los ediles en aquel entonces y de la empresa prestadora del servicio de alumbrado público, por lo que el incumplimiento llevaría a una cancelación definitiva.
“La primera herramienta que tienen los municipios es la revisión de todas y cada una de las cláusulas del contrato del servicio para que con base en ello vean si hay cumplimiento con el servicio de mantenimiento, de todo lo que se ha comprometido la empresa, y en caso de que no haya un compromiso claro y no haya cumplimiento los ayuntamientos tampoco están obligados a pagar”, manifestó Alcántara Montiel.
El diputado del PAN expresó que de continuar con los PPS como están formados se convertirán en una carga excesiva para las finanzas de los municipios, por lo que deben realizar todo el procedimiento de revisión y dar vista al Congreso en caso de que decidan rescindir los contratos con la empresa.
“No hay que premiar a los particulares que incumplen con los ciudadanos porque se está pagando con los recursos del erario público, de manera que si no hacen esto a la brevedad la deuda va a seguir creciendo y se complica del pago de un servicio que ni siquiera tienen la certeza que están recibiendo”, resaltó.
Alcántara Montiel agregó que una fracción de lo recaudado por el cobro del DAP puede ser destinado para el pago de esta deuda, pues dicho derecho está calculado para pagar la electrificación con CFE y para el funcionamiento del alumbrado público.
