A más de dos años de padecer actos de intimidación y violencia de género por parte de la administración de Claudia Rivera Vivanco, Yasmín Flores Hernández comienza a recibir justicia en un largo proceso para demostrar el abuso cometido en el gobierno de la exalcaldesa morenista.
La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Margarita del Carmen Rodríguez Daruich, exempleada en la Secretaría de Gobernación municipal de Puebla, por el delito de amenazas en contra de Flores Hernández, quien fungió como consejera jurídica y coordinadora de proyectos estratégicos de la presidencia del Ayuntamiento de Puebla.
Tras celebrarse la audiencia de vinculación a proceso en Casa de Justicia, en la ciudad de Puebla, el pasado viernes, el juez Enrique López Criollo dio la razón a la exconsejera jurídica de presidencia del Ayuntamiento de Puebla.
No obstante, el juez del juzgado de Oralidad y Justicia Penal Región Centro de Puebla dio un plazo a Rodríguez Daruich de dos meses para combatir las imputaciones que se formularon en su contra, para revertir la vinculación a proceso.
Rodríguez Daruich fue citada a comparecer ante el Juzgado de Oralidad y Justicia Penal de la Región Centro del Estado el 25 de febrero de este año para esclarecer si su jefe jerárquico fue Sánchez Galindo y si él dio la orden para el seguimiento de Yasmín Flores.
Sin embargo, el propio Sánchez Galindo llevó la defensa para evitar ser incriminado en los actos de hostigamiento y amenazas.
La vinculación a proceso de Rodríguez Daruich es solamente la punta del iceberg de cómo Claudia Rivera y René Sánchez Galindo violentaron de forma sistemática a la exconsejera jurídica de la presidencia.
EL CASO DE YASMÍN FLORES
En julio de 2020, Flores Hernández denunció ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto Electoral del Estado (IEE) a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, al secretario de Gobernación, René Sánchez Sánchez, y a Rodríguez Daruich, por los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, acoso, hostigamiento y amenazas.
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando la alcaldesa de Puebla se confrontó con el gobierno del estado por el control de la seguridad del municipio y decidió emprender la defensa mediática y jurídica para evitar que asumiera el control de la Seguridad Pública.
En ese momento, Claudia Rivera solicitó a Yasmín Flores, quien se desempeñaba como consejera jurídica, una ficha técnica argumentando que el actuar del gobierno del estado era inconstitucional, pero la consejera entregó un argumento en donde no se encontraba la solicitud de la morenista, lo que causó su molestia, por lo que comenzó una estrategia de hostigamiento y amenazas como represalias en contra Yasmín Flores.
Yasmín Flores relató que un vehículo adscrito a la Secretaría de Gobernación la siguió en actividades laborales y días de descanso, tomando fotografías de ella y de sus tres hijos, de los cuales, dos eran menores de edad. El vehículo estaba asignado a Rodríguez Daruich y, en el momento que fueron notificados de la denuncia, Rivera Vivanco y Sánchez Galindo buscaron cambiar la adscripción de la unidad a otra área de la administración municipal para ocultar el uso que se le dio.
Claudia Rivera destituyó a Flores como consejera jurídica con el argumento de “no tener la capacidad necesaria por ser mujer y necesitar el carácter de un hombre”, por lo que la enviaron a la Coordinación de Proyectos Estratégicos.
A Flores le encargaron conciliar el conflicto que tenía el Ayuntamiento con las 17 juntas auxiliares tras el fracaso que había resultado la renovación de las Juntas Auxiliares, tarea que logró realizar, pero que generó la molestia del secretario de Gobernación, quien vio amenazado su puesto, por lo que comenzó a divulgar la versión de que ella buscaba quitarle su cargo.
La coordinadora de presidencia fue seguida de nueva cuenta por el vehículo de Gobernación en cada tarea fuera de oficina y en horarios no laborales, donde tenían fotos de ella y de sus hijos, por lo que enfrentó a la alcaldesa de Puebla sobre esta situación; sin embargo, ella intervino a favor de Sánchez Galindo para aparentar que el carro que la siguió estaba a su resguardo, papel que no firmó. Al negarse a esto, Claudia Rivera la amedrentó verbal y físicamente.
DENUNCIA POR VIOLENCIA POLÍTICIA DE GÉNERO SIGUE EN PIE
En septiembre de este año, la denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género fue reactivada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolver la denuncia de Flores Hernández por violencia política contra las mujeres en razón de género, en contra de Claudia Rivera y Sánchez Galindo.
En su resolución, el TEEP se dijo incompetente para resolver esta denuncia, al considerar que no formaba parte de un caso de violencia política de género, por lo que evitó emitir una resolución y dejó en manos de la Contraloría municipal de Puebla determinar las sanciones aplicables para este caso.
Sin embargo, la Sala Regional del TEPJF consideró que, al llevar la substanciación del caso, realizar las audiencias y solicitar a esa instancia resolver juicios de la denunciada, ya se encontraba en condiciones para emitir una resolución, pues no hacerlo provocaría un daño para la denunciante.
En caso de ser encontrados responsables de incurrir en violencia política de género, Claudia Rivera y Sánchez Galindo entrarían al registro de personas sancionadas por encubrir en este tipo de violencia, e impedidos para competir en el siguiente proceso electoral.
