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viernes, noviembre 22, 2024

Crisanto, detrás de cosas enormes de corrupción: Miguel Barbosa

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El gobierno del estado investiga la presunta compra de facturas a Florentino Daniel Tavera Ramos, detenido el pasado lunes por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que hizo Fernando Alberto Crisanto, desde la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, en el interinato.

Lo anterior según dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta en su conferencia de prensa matutina, en la que refirió que el uso de empresas fantasmas para comprobar gastos es un asunto “chiquito”, pues el exfuncionario, también del morenovallismo, hizo “cosas enormes”.

“Respecto al tema que hoy revela Hipócrita Lector, que hay facturas del conglomerado de empresas fantasmas que representa este señor Tavera y que fueron usadas en el gobierno interino por el área de comunicación que manejaba Fernando Crisanto, ahí tendrá que aclararse e investigarse, pero eso es lo chiquito, Crisanto hizo cosas enormes, enormes, ahí se verá”, señaló.

El mandatario indicó que, mediante la celebración de contratos con este tipo de empresas, que se presumen factureras, el encargado de comunicación pretendía justificar gastos que no se habrían realizado, para desviar recursos.

“Tapaban hoyitos: ‘hey, que no se pueden justificar 100 mil pesos, 200 mil, llamen a Tavera que es el que está dando las facturas más baratas’, ahí le ponían, eso es, esas son cosas muy pequeñitas”, aseveró Miguel Barbosa.

De acuerdo con los contratos publicados este jueves en Hipócrita Lector, Fernando Crisanto benefició a dos empresas presuntamente fantasmas o factureras con un contrato a cada una durante febrero y marzo de 2019.

El primero de ellos fue entregado a la empresa Consultores Comerciales y Administrativos La Noria, con la cual el organismo que dirigía Fernando Crisanto firmó un contrato por 180 mil pesos, cuyo objeto fue “obtener información que ayude a la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital a conocer el nivel de conocimiento y penetración de los diferentes medios de información digitales que existen en el Estado, que definan las condiciones de competencia entre ellos, lo que permitirá la toma de decisiones respecto a cada uno y anticipar su evolución de los mismos”.

Este servicio fue brindado por la empresa durante aproximadamente 10 días (del 12 al 25 de febrero de 2019), y fue avalado por el propio Crisanto Campos, quien firmó en su carácter de titular de la coordinación, así como por la representante legal de la empresa, Guadalupe Adriana Morales; la titular de enlace administrativo, Alejandra Aguilar Balbuena; el abogado general, Gabriel Serrano Barrientos, y la directora general de Mercadotecnia, Cynthia Tirado Magaña.

El otro contrato que celebró la coordinación fue con la empresa denominada Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo, la cual se encuentra en la lista de las firmas que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como presunta facturera.

Esta empresa ofreció sus servicios durante únicamente cuatro días (del 26 al 30 de marzo de 2019) y consistió en el “retiro de lonas front 14os, relativas a distintos temas de publicidad gubernamental, colocadas en estructuras espectaculares ubicadas en la ciudad de Puebla y al interior del estado”.

Dicha compañía, constituida por Daniel Tavera, obtuvo un monto de 162 mil 400 pesos, según el contrato que cuentan con las mismas firmas de la empresa Consultores Comerciales y Administrativos La Noria.

Dichas empresas fueron constituidas por Daniel Tavera y forman parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero y evasión fiscal hasta por 427.1 millones de pesos, que involucra al diputado Ignacio Mier Velazco y a su socio Arturo Rueda Sánchez de la Vega, actualmente preso en el penal de Tepexi, así como al exauditor Francisco Romero.

Daniel Tavera fue capturado el pasado lunes derivado de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado, se le acusa de su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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