Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscarán modificar la iniciativa de Reforma al Poder Judicial estatal propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Los coordinadores de las bancadas, Jorge Estefan Chidiac, del tricolor, y Eduardo Alcántara Montiel, del albiazul, confirmaron que presentaron un proyecto de modificaciones en conjunto con las comisiones unidas de Gobernación y Procuración de Justicia para su análisis.
Estefan Chidiac puntualizó que las modificaciones planteadas a la reforma del mandatario estatal se tratan de cuestiones importantes que no tocarán el fondo y sentido que mandó el gobernador.
El coordinador de la bancada priista expresó que se requiere una revisión constante al desempeño de los magistrados y un fortalecimiento a la institución del Poder Judicial.
Alcántara Montiel explicó que dentro de las modificaciones que plantearon en el documento enviado a más comisiones unidas por parte de los panistas, se encuentra la eliminación de una comisión que dé seguimiento al cumplimiento de la reforma que apruebe el Congreso del Estado.
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local consideró que cada uno de los organismos que integre el Poder Judicial podría elaborar y rendir un informe trimestral al Congreso del Estado para notificar sobre el cumplimiento de las reformas y funcionamiento del Poder Judicial en tiempo y forma.
“Nosotros consideramos que esto viola un poco la separación de poderes y vamos a proponer que no sea el gobernador el que proponga ese comité, es más, que no haya comité; vamos a proponer que cada órgano que conforma al Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, Sala Constitucional y Tribunal de Justicia Administrativa, que cada uno se haga cargo de su implementación y rinda un informe ante el Congreso local”, refirió.
En tanto, el diputado Oswaldo Jiménez López anunció que entre las modificaciones que también propusieron a las comisiones unidas se encuentra que el Poder Judicial sea quien resuelva sobre los casos de remoción de los jueces o magistrados que incurran en una falta administrativa de sus funciones.
También consideró que se deben modificar las sanciones a los magistrados para que no solo quede en la destitución del cargo, y que debe ser el propio Tribunal Superior de Justicia el que determine la pena que aplicarán a los jueces destituidos y los diputados locales únicamente votarán a favor o en contra de que se aplique la sanción elegida.
“Una vez que se haya iniciado un proceso contra un magistrado, se litigue y que la resolución no solo termine en destitución, sino que pueda haber una serie de sanciones que puede ser una amonestación, diferentes mecanismos de sanción, no solo tiene que ser la remoción, sino que vamos a estar planteando que se haga un trabajo al interior del Poder Judicial y que nada más el Congreso sea finalmente quien aprueba la resolución”, enfatizó Jiménez López.
