Con modificaciones respaldadas por Morena, PRI, PT, PVEM, MC y PSI, el Congreso de Puebla aprobó las reformas para aplicar sanciones hasta por tres años de cárcel en contra de quienes apliquen terapias de conversión contra las personas.
Tras una disputa por enmendar la minuta de decreto entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN), los diputados aprobaron con 33 votos a favor, 7 en abstención y un impedimento, las reformas al Código Penal del Estado.
La bancada del PAN presentó una propuesta modificadora para agregar un párrafo en el que se detalle que será considerado como servicios especializados y cuáles serían catalogadas como prácticas violentas, pues varias de ellas como las lesiones, tortura o discriminación ya están tipificadas en el Código Penal, pero fue rechazada por la mayoría del Pleno.
En cambio, la propuesta reformatoria que sí avaló el Pleno del Congreso local fue la del morenista Carlos Evangelista Aniceto —apoyada por las demás fuerzas políticas— en la que se sanciona a quien “someta, coaccione u obligue a otra persona a realizarse o recibir” terapias o tratamientos para modificar su orientación sexual. Las penas se impondrán a quienes apliquen dichos tratamientos, terapias o servicios.
“Los tratamientos, terapias o servicios a que se refiere el párrafo anterior son todas aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o procedimientos en los que, empleando violencia física, moral psicoemocional o cualquier otra, obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o modifique la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de las personas”, precisa la modificación aprobada con 33 votos a favor y ocho en abstención.
El diputado Iván Herrera Villagómez acusó que las terapias de conversión son un modelo de tortura impune que debe ser sancionado por el Estado por ser inhumanas y aplicar prácticas de tortura y contraria a los derechos humanos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“En Puebla, los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género no tienen cabida y deben constituir delitos contra la salud y la paz pública, al tratarse de esfuerzos de premeditada violencia contra las infancias, juventudes e identidades sexogenéricas”, señaló.
La legisladora panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, aseguró que el partido blanquiazul está a favor de castigar los actos de violencia y discriminación contra la comunidad LGBTTTIQ en el estado; sin embargo, acusó que la redacción era ambigua y criminalizaba otras conductas como servicios religiosos.
Durante la sesión ordinaria del Pleno, integrantes de la comunidad transexual del estado se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado para pedir que, además del castigo a las terapias de conversión sexual y orientación de género, se agilice la discusión y aprobación de la reforma para permitir el reconocimiento de la identidad de las infancias trans.
