Organismos de derechos humanos, la Barra Mexicana de Abogados y colectivos feministas se sumaron a la exigencia a las autoridades para esclarecer el asesinato de la abogada y activista feminista, Cecilia Monzón.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) inició un expediente de queja en torno al caso para solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la aplicación de medidas de protección para los familiares de la víctima.
El organismo protector de los derechos humanos informó que requirió a la FGE que la investigación correspondiente se realice con perspectiva de género y con base al Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Puebla.
También solicitaron que en el momento oportuno se proceda a implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida, integridad física y psicológica del hijo y familiares de Cecilia Monzón.
La CDH Puebla pidió, además, a la SSP implementar las acciones necesarias para salvaguardar la vida, dignidad, propiedad, integridad y seguridad personal del hijo y de los familiares de la difunta abogada y activista.
“La CDH refrenda su compromiso para realizar las diligencias necesarias y determinar los resultados una vez concluida la investigación. Reiteramos el compromiso con la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía y de todas las personas que transitan por el estado, especialmente de las mujeres y niños”, refirieron en un comunicado.
Por su parte, la presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Claudia de Buen, exigió a las autoridades encargadas de la investigación llegar al fondo del caso y dar con los responsables del asesinato de la activista por los derechos de la mujer.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la litigante condenó los hechos violentos que ocurrieron en el estado y criticó que hasta el momento no se tenga más información sobre las investigaciones que llevan a cabo las autoridades.
“Lo que tenemos es dolor profundo e indignación porque era nuestra colega, amiga, además como ser humano, mujer, activista. No es posible que vivamos en este mundo de violencia extrema”, declaró en el programa Ciro Por La Mañana.
Claudia de Buen manifestó que actualmente hay dos abogados penalistas que están en contacto con la familia de Cecilia Monzón para coadyuvar en el caso a manera pro bono, derivado de que vendrán al país para revisar de cerca las investigaciones y conocer del caso.
La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados manifestó que, a diferencia de su familia que radicaba en España, Cecilia Monzón decidió vivir en México para dar un mejor seguimiento y ayuda en los casos que daba asesoría jurídica de mujeres violentadas, casos de custodia y pensiones alimentarias para sus hijos.
Asimismo, la organización Amnistía Internacional exigió a las autoridades estatales una investigación expedida para dar con los responsables y una reparación del daño total para las víctimas del asesinato.
A través de sus redes sociales, la organización también lanzó un llamado al gobierno estatal a dar garantías para la protección, la no repetición de este tipo de actos, así como garantizar la vida de las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla.
La exlegisladora federal y consultora en temas de género y derechos humanos, Martha Tagle, acusó que la abogada poblana recibió amenazas de muerte desde meses antes de ser asesinada.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Martha Tagle también se sumó al llamado para dar con los responsables del asesinato de Monzón de forma inmediata, para evitar que el hecho quede en la impunidad.
A nivel local, organizaciones activistas en favor de los derechos de las mujeres como REDefine Puebla, el Colectivo de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (Cam-Cai), Colectivos 50 Mujeres + 1, 33 Mujeres, además de activistas como Lizeth Mejorada, y Edurne Ochoa se manifestaron para exigir el esclarecimiento inmediato de los sucesos del pasado 21 de mayo.
Desde el pasado 22 de mayo, más de mil mujeres integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras de las mujeres firmaron un desplegado en el que exigieron a las autoridades locales llevar a cabo la investigación del caso de Cecilia Monzón con perspectiva de género, sin revictimizarla y cuidando que las pruebas y evidencias no sean filtradas a los medios de comunicación.
