En septiembre y octubre tomarán posesión de sus nuevos cargos 217 equipos municipales y 41 diputados al Congreso del Estado. ¿En qué temas deberían estar pensando?
Construir decisiones, es uno, central, ineludible y el ejercicio de mayores costos y riesgos para su gestión y más para la paz y convivencia de toda la población.
El principio básico siempre será recordar la diferencia entre mandar y construir.
Los diputados representan ciudadanos y ciudadanas. Los presidentes municipales, regidores y síndicos municipales, también. En ambos casos, sus decisiones deben partir de un sistema real y eficiente de consulta con quienes han delegado su capacidad de decidir en cada uno de ellos.
Pero eso es lo primero que olvidan. Está claro y es un hecho consumado. La historia del gobierno, así lo consigna.
Los diputados y las diputadas deciden en función de otros intereses, agendas y compromisos, que, en la mayoría de casos, no incluyen la decisión de sus representados en algún momento ni como opinión simple. Solo consultan en muy pocas oportunidades y eso lo hacen imponiendo su autoridad delegada, lo llaman “audiencia”; es decir, disponen generosamente, algún momento para oír, lo que no significa obedecer, lo hacen muy pocas veces en su periodo, pero en menos, se esfuerzan por comprender la opinión de la gente, seleccionada a modo para el tema y mucho menos veces la incluyen en la decisión legislativa.
Siempre impondrán en esa consulta las “ponencias rectoras”, que al final son las que pasan a la etapa de las decisiones. Pero esas ponencias rectoras, no las dicta la población abierta.
Representación popular, gobierno y población se separan, dejan de colaborar entre sí y favorecen los controles y las imposiciones en nombre de una gobernabilidad que disfraza la coerción para que la gente acate.
Lo que sigue es presión pública, protestas, tomas de calles, etcétera.
Construir decisiones de interés público no es tan fácil ni sencillo, menos cuando los funcionarios públicos no tienen ni la menor idea de la responsabilidad de representar a la gente y tampoco que la ley lo establece.
“Mi gobierno”, “mi presupuesto”, “mi ayuntamiento”, substituyen la intervención de la ciudadanía y cuando ésta insiste se le considera negativa o hasta fuera de la ley.
Pero ningún presidente es dueño de “mi gobierno” y menos debería serlo de “mi presupuesto”, pero lo son en la experiencia histórica de los gobiernos municipales en este país.
Los nuevos funcionarios públicos deberían reconocer que consultar a la gente es fuente de legitimidad para su acción y, sobre todo, fuente de verdad.
Un reconocido político tabasqueño refería siempre a su equipo de trabajo: Si ahora que son las 12 horas del día, el pueblo dice que es de noche ¡enciendan los faroles de la calle!
Quien pregunta, no se equivoca, dice la verdad popular, pero los funcionarios públicos, no lo saben, o fingen no saberlo. Sabemos también que consultar a la gente puede ser complejo y tardado, pero dejar de hacerlo nunca será inútil ni gestará entendimiento, colaboración, paz social y concordia.
Ojalá los nuevos funcionarios públicos lo recuerden. El voto depositó en ellos capacidad para decidir lo importante y lo urgente en el interés público, pero de ninguna manera depositó irresponsabilidad y dejadez del elector. Por lo mismo, los que recibieron esa confianza nunca deberían intentar suplir, menos sustituir a quienes les dieron esa capacidad de resolver, lo de todos.
