Tras meses de investigaciones y exigir justicia, seis funcionarios de Izúcar de Matamoros fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y tortura contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos, la jueza encargada del caso decidió no imponerles prisión preventiva.
Michelle Hoyos explicó que los imputados incluyen a cinco policías municipales y un juez calificador, quienes han recibido medidas cautelares como la prohibición de acercarse a las víctimas y salir del país. Sin embargo, a su parecer, la permanencia de estos funcionarios en sus cargos representa una amenaza constante para su integridad.
La vinculación a proceso se produjo durante una audiencia inicial que se prolongó hasta la noche de este martes, cinco meses después de que la Fiscalía General de la República judicializara el caso.
Michelle y su hermana consideraron que la continuidad en funciones de los agresores aumenta su vulnerabilidad, recordando el asesinato de Socorro N., una testigo protegida del caso, que fue asesinada al interior de una lavandería.
La jueza encargada del caso es Lidia Alonso Sánchez, quien vinculó a los sujetos por abuso de autoridad y tortura, pero a pesar de la gravedad de las acusaciones, los funcionarios seguirán su proceso en libertad y no fueron removidos de sus cargos en el Ayuntamiento de Izúcar.
Los sujetos solamente recibieron una sanción administrativa y se trata de Abel S., Víctor V., Abraham N., Jonathan N., Mariela M., así como el juez calificador Jesús N.
En la audiencia, que tuvo una duración aproximada de 15 horas en el Centro de Justicia Federal ubicado en el Camino al Batán, la jueza determinó otorgar un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Al término de este periodo, si la defensa de los acusados no presenta pruebas adicionales, se procederá a la etapa de audiencia intermedia.
El 10 de marzo de 2023, las dos reporteras y tres activistas del colectivo “Marea Púrpura” fueron detenidas por un grupo de 18 policías municipales, quienes arribaron en tres patrullas y cuatro motopatrullas. Según la información de las víctimas, durante la detención, los agentes comentaron entre risas: “son órdenes de la jefa”.
Las reporteras fueron llevadas a la comandancia, situada a unos 15 minutos de la Presidencia Municipal, donde sufrieron golpes, amenazas, tortura, tocamientos lascivos y fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas. Además, estuvieron privadas de su libertad por más de seis horas sin posibilidad de comunicarse con sus familiares.
Natalie Hoyos ha señalado que quien pudo dar esas órdenes fue la propia presidenta municipal, tras haber sido evidenciada por despidos de trabajadores injustificados, sobrecostos en adquisiciones y obra pública, y el aumento de la incidencia delictiva en el municipio, entre otros temas.
El caso tomó nuevos matices cuando en junio de este año, Socorro Barrera, pieza clave como testigo de las agresiones, fue encontrada sin vida en un autolavado, a pesar de que tenía protección de la Fiscalía General de la República (FGR). El feminicidio ocurrió la misma semana que estaba programada una audiencia en la cual Barrera Sánchez iba a testificar por los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, Socorro fue atacada en un primer momento en su negocio de comida por un sujeto ya identificado. Luego de este primer ataque, intentó escapar, corriendo metros fuera del negocio, no obstante, fue ejecutada en un autolavado cercano donde intentaba refugiarse. Tanto el autor material como una persona que lo esperaba en una motocicleta lograron escapar rápidamente en la unidad.
La Fiscalía poblana investiga a los involucrados por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, toda vez que en este incidente también resultó lesionado otro hombre llamado Marvin N.
