Con el objetivo de poner fin la mafia que heredó Rafael Moreno Valle en el transporte público, el gobierno del estado iniciará una serie de estudios sobre movilidad los cuales determinarán la cantidad de concesiones que deberán renovarse y entregar a derroteros que operan legalmente.
La medida, además, es el inicio de la caza de unidades piratas que circulan en territorio poblano.
El pasado martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer, en su informe de labores ante el Congreso local, que emprenderá acciones para hacer frente a los transportistas que operan en la clandestinidad, así como el inicio de procesos jurídicos contra exfuncionarios de pasados gobiernos que alentaron la creación de mafias en ese sector.
Al respecto, en su conferencia matutina, advirtió que, aunque el gremio de los transportistas pida que se entreguen concesiones con base a resultados de estudios a modo que hizo el morenogalismo, no habrá beneficios para grupos clientelares que en el pasado corrompieron el sistema de transporte del estado de Puebla.
Del mismo modo, apuntó, no se cederá a presiones y a manipulaciones de los líderes de los derroteros que antes tenían negocios y actuaban en contubernio con los funcionarios públicos, por lo que garantizó que el proceso de designación de concesiones será limpio y bajo una estricta transparencia.
“La época de los gobiernos anteriores ya hicieron estudios no, tiene que ser todo renovado, es un proceso limpio de cualquier influencia, manipulación y clientelismo, para proteger a los transportistas y para proteger a los usuarios del transporte público”, declaró.
La cacería
De manera adicional, el gobernador Barbosa Huerta anunció que la Secretaría de Movilidad y Transporte emprenderá estudios de movilidad, con base a las dos nuevas leyes en la materia: Una que ya fuera aprobada por los diputados del Congreso del Estado y otra que en breve será presentada a la LXI Legislatura para su análisis y discusión.
Los resultados de estos análisis serán los que determinen las concesiones que serán renovadas y las nuevas que se otorgarán, además de que servirán para conocer cuántas rutas y unidades han operado bajo la opacidad y la permisividad de las autoridades.
Hasta el mes de febrero del 2021, la relación entre el sector de los transportistas y el gobernador de Puebla había transcurrido en buenos términos o al menos eso había hecho creer el extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Arechiga Santamaría, quien solo duró 18 meses en el cargo.
A decir del gobernador, en el tiempo perdido de la gestión del exdiputado federal el transporte público operó bajo el espejismo de la modernización, con cámaras de seguridad que estaban conectadas a un destinatario diferente al de la Secretaría de Seguridad Pública y con unidades que lejos de renovarse, evidenciaron su mal estado.
La cacería de concesiones piratas que ha prometido el gobernador Miguel Barbosa Huerta junto con la negativa de no aumentar la tarifa del transporte ha sido el comienzo de la lucha por arreglar lo que en administraciones anteriores no se hizo.
