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jueves, abril 25, 2024

Utilizaban la ASE como instrumento de extorsión, afirma gobernador

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La Auditoría Superior del Estado (ASE) fue un instrumento de extorsión y no un garrote político durante la gestión de Francisco Romero Serrano, el exauditor destituido por el Congreso del Estado, actualmente preso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. 

Señaló que durante la época de Romero Serrano se construyó un andamiaje que permitió otorgar beneficios a políticos para proteger a sus aliados en los municipios y en las administraciones estatales anteriores, por ello el retraso que hoy presenta la ASE se traduce en 69 sujetos de fiscalización no auditados. 

El mandatario señaló que la falta de revisión de cuentas públicas se ha venido acumulando de manera histórica desde gobiernos anteriores, por lo que es un reto para la recién nombrada auditora Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, poner al corriente la revisión de los informes individuales del ejercicio presupuestal de 2020. 

En ese sentido, Barbosa Huerta indicó que incluso la dictaminación de las cuentas públicas pendientes nunca pasó por el Congreso del Estado, ya que no fueron revisadas ni fiscalizadas “ni salieron de la ASE”, apuntó. 

“Con el exauditor detenido no fue garrote político, fue instrumento de extorsión, eso fue lo que fue. Hicieron de eso todo un asunto, un andamiaje de extorsión y beneficios. Me cuentan que estuvieron pidiendo papeles y papeles, en cajas, están acumulados ahí, ahí lo dejaron y no saben para qué, primero pedían los documentos y luego los devolvían previo acuerdo”, reveló en su acostumbrada conferencia matutina. 

Dijo que de manera histórica el órgano de fiscalización ha estado controlado por políticos y “quienes recomiendan y protegen a sus aliados políticos”, en los distintos ámbitos y niveles de gobierno, municipal o estatal, acotó. 

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que preside la diputada morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo, aprobó un plazo de hasta cinco meses para que la auditoría presente los informes individuales de 85 sujetos de revisión correspondientes al ejercicio fiscal de 2020. 

Al respecto el mandatario estatal confió en la capacidad de Gómez Nava para poner en orden el funcionamiento de la Auditoría. “Es una mujer muy trabajadora, es un reto enorme, enorme, estoy seguro que va a cumplir con las expectativas que se esperan de ella y del equipo que la va a acompañar”, indicó.  

Barbosa Huerta añadió que en la ASE se encontraban incrustadas personas de toda la vida, que se opusieron al nuevo esquema de trabajo del organismo: “Hubo ahí un auditor especial que cuando le dijeron cuál era la ruta de trabajo dijo: ´No, yo tengo mis intereses y mis tiempos´, ah sí señor, entonces vaya usted a su casa”, remató. 

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