“Me parece un exceso que pretendan llamarse perseguidos políticos”, fueron las palabras fulminantes de la fracción de Morena en el Cabildo de Puebla representada por Leobardo Rodríguez Juárez, respecto a la reciente victimización del líder municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides, quien fue exhibido por el Ministerio Público por signar 19 contratos de obras que nunca se ejecutaron a su paso por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
A decir del morenista, Zaldívar deberá dar cuentas claras, como lo establece la ley, sobre el presunto desfalco de 30 millones de pesos en la institución, situación que dijo, no puede catalogar como una persecución, toda vez que cualquier servidor público está sujeto a una normativa de revisión.
“Desde mi experiencia personal he tenido que estar de manera permanente los últimos tres años solventando, explicando, inclusive el gobierno municipal de Eduardo Rivera intentó abrir algunos expedientes de manera equivocada e infundada, porque cuando ejercemos un cargo público tenemos la certeza de lo que se hace y no se hace y con esa certidumbre los que vamos, acudimos ante la autoridad y damos cuentas, hoy los panistas están preocupados por lo que dejaron de hacer”, espetó.
Rodríguez Juárez manifestó que, si algo ha demostrado el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, es que el Ejecutivo estatal no persigue políticamente a nadie, no obstante, acusó que si Zaldívar tiene certeza de que su expediente está limpio, podrá solventar las observaciones sin problema y con evidencias.
Puntualizó que el líder del PAN no debe caer en “simplicidades políticas”, como acusar que es víctima de una persecución, toda vez que dijo, las guerras sucias tienen otras características y otro rostro.
“A mí me preocuparía mucho que asuman este discurso de victimización, esperando que a partir de la presión política quieran obtener impunidad y eso ya no existe en Puebla. En este régimen, el de la Cuarta Transformación, no se protege a nadie, ni se le da impunidad a nadie, todos los que tengan que rendir cuentas tendrán que hacerlo en el marco de la ley”, apuntó.
RECUERDA CASO SAÚL HUERTA
Ejemplificó, en la medida de sus proporciones y guardando la diferencia de los casos, la denuncia en contra de Saúl Huerta por el delito de abuso contra menores de edad, una eventualidad en la que no hubo impunidad a pesar de que se trataba de un cuadro militante del mismo partido que ha gobernado el estado.
En ese sentido, expuso que “mal haría” la Fiscalía en suspender o aplazar un asunto de esta magnitud por el calendario electoral, pues se trata simplemente de una coincidencia que las investigaciones y audiencias en su contra se dieran a un paso de las elecciones.
“Él tiene todo el marco para construir una defensa sólida, conforme a derecho y tendría que saberlo como funcionario público, no tendría que ser un acto heroico el decir ‘voy a dar la cara’, es lo que tenemos que hacer conforme a derecho y es una victimización ante una circunstancia que les preocupa y ellos sabrán qué es lo que no tienen forma de solventar”, expuso.
Al respecto, la regidora Elisa Molina Rivera, sostuvo que “ya nadie les cree a los panistas”; sin embargo, consideró que lo importante es que nadie actúe al margen de la ley y que los recursos sean realmente utilizados para su fin legal.
“Los tiempos en que se saqueaba al erario público deben acabar, la exigencia de la ciudadanía es que los recursos sean realmente utilizados en función de las necesidades. Todos y todas esperamos que se realicen las investigaciones exhaustivas que nos permitan estar claros de qué sucedió con estos contratos, la duda no beneficia a nadie, son tiempos de darle batalla a la corrupción”, expresó.
La postura de la fracción de Morena ocurre tras las acusaciones de abuso de autoridad y falsificación de documentos que enfrenta Jesús Zaldívar, relacionadas con contratos por un monto de 30 millones 137 mil 452 pesos durante su gestión como director del Conalep en 2018.
La Fiscalía General del Estado presentó pruebas de presuntas irregularidades en la ejecución de contratos, incluyendo simulación de actas de entrega-recepción y falsificación de firmas, como fue el caso de la exdiputada Aurora Sierra, quien antes de su fallecimiento rechazó que las firmas aparecidas en actas fueran suyas.
A pesar de la solicitud de medidas más restrictivas por parte del Ministerio Público, el juez otorgó a Jesús Zaldívar como cautelares la firma mensual y la prohibición de acercarse a los testigos.
Zaldívar Benavides se acogió al plazo constitucional de 144 horas para preparar su defensa y la audiencia se reanudará el próximo lunes 19 de febrero. En caso de vinculación a proceso, se abrirá una etapa intermedia de investigación.
