Por ataque a las garantías individuales con la retención de aguinaldos, de pagos de salarios y forzar a renunciar a sus bases sindicales, trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla solicitaron al Congreso del Estado la revocación del mandato del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez.
Un grupo de más de 20 trabajadoras entregó un ocurso al Congreso local en el que solicitan la remoción del cargo del alcalde de la capital del estado, bajo el argumento de que incurrió en la causal de revocación de mandato establecida en la fracción I del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal.
Se trata de una respuesta de una parte de las 100 trabajadoras basificadas al final de la administración de Claudia Rivera Vivanco que, acusan, fueron presionadas por Rivera Pérez para renunciar a su categoría y ahora se les ha retenido el aguinaldo de 2021.
En el documento, turnado a la Comisión de Vigilancia, Control y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) —a la que este medio tuvo acceso—, las denunciantes señalaron al edil emanado del Partido Acción Nacional (PAN) de incurrir en violencia psicológica, patrimonial, económica, laboral e institucional, de acuerdo con lo señalado en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
“Se ha dedicado a violentarnos como mujeres y madres de familia, siendo que durante más de siete meses nos ha condicionado el pago de un sueldo, advirtiéndonos que mientras no firmemos nuestro desistimiento a la categoría de trabajadoras de Base del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, no se nos pagaría nuestro salario y aguinaldo del año 2021, como trabajadoras de dicho Ayuntamiento”, señalan las afectadas, puntualizando que Rivera Pérez ha enfatizado que de él depende su continuidad en sus puestos de trabajo.
Esta es la primera petición que recibe formalmente el Poder Legislativo local contra el presidente municipal poblano en lo que va de su administración.
BASIFICACIÓN, MOTIVO DEL ATAQUE DE LALO
En el escrito, las denunciantes, encabezadas por Alejandra Vega Saldaña, señalaron que desde el inicio de la gestión de Rivera Pérez fueron impedidas para continuar desempeñando su trabajo de manera injustificada y sin que se les notificara debidamente, además de que fueron suspendidas temporalmente de sus cargos sin goce de sueldo.
Apuntaron que el alcalde panista “ha omitido agotar las acciones necesarias y correspondientes, a fin de que las suscritas nos sea pagado el aguinaldo que nos corresponde respecto al ejercicio fiscal 2021”, situación que se extendió hasta mayo de este año.
Las solicitantes señalaron que el alcalde de Puebla expresó ante medios de comunicación su intención de presionar a trabajadores basificados al final de la pasada administración municipal, para que renuncien a sus bases por presuntas irregularidades.
“El tema de las bases está la decisión por parte del Tribunal del Municipio de Puebla, están suspendidas, y lo que ha hecho en Gobierno de la Ciudad es acatar la decisión del Tribunal. En el caso de aquellas personas que trabajan en Organismos Públicos Descentralizados están recibiendo sus sueldos, y aquellas personas, que quede muy claro, que quieran recibir su sueldo simplemente tienen que retirar su base y pueden ingresar nuevamente a la administración”, expuso Rivera Pérez, en noviembre de 2021.
Posterior a sus declaraciones, las trabajadoras acudieron a diversas reuniones con el edil capitalino, en ellas les señaló en cada una que de él dependía continuar con su trabajo y percibir su salario, que debían firmar un escrito en el que renunciaran a su categoría de trabajadoras de base, y que el Ayuntamiento no les pagaría su aguinaldo del 2021 hasta que lo hicieran.
Rivera Pérez les manifestó que otras trabajadoras ya habían renunciado a dicha categoría y que ya había ordenado el pago de sus salarios, además de que sus basificaciones ya habían sido “prometidas” a personal del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados “Licenciado Benito Juárez García”.
Las denunciantes apuntaron sufrir de violencia psicológica del alcalde de Puebla, al ser víctimas de humillaciones, marginación y aislamiento; patrimonial, al afectar su supervivencia con la retención de bienes, valores y recursos económicos para satisfacer sus necesidades; laboral, por padecer de abuso de poder que daña su salud e integridad para impedir su desarrollo, e institucional, al ser un servidor público de cualquier orden de gobierno que discrimina o tiene como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
También señalaron ser víctimas de discriminación derivado de que, por razones políticas y género, al retener sus aguinaldos del año pasado, pese a ser una prestación en la que no existe justificación para negar; además de amenazas al condicionar su salario a cambio de desistir de su categoría de trabajadoras basificadas.
BASIFICADAS POR CLAUDIA RIVERA, DETRÁS DE LA QUEJA
Las trabajadoras denunciantes llegaron a la Comuna capitalina en los últimos meses de la administración que encabezó Claudia Rivera. Entre las denunciantes a quienes les fueron retiradas sus bases, destacan asistentes de regidores del anterior cabildo controlado por Morena.
De acuerdo con información publicada por el portal El Incorrecto, Alejandra Vega Saldaña —quien encabeza el ocurso colectivo entregado al Congreso del Estado— trabajó como coordinadora técnica del departamento de Cabildo, a propuesta de Edgar Damián Romero Suárez, titular de la Secretaría del Ayuntamiento.
En la sala de regidores también se concedieron bases, como es el caso de América Diana Guerrero Apolinar, quien fue asistente del regidor Iván Camacho Mendoza, mientras que del grupo opositor morenista, denominado G5, les entregaron bases a Itzel Mariana Durán Ángel, Dulce Karina Guzmán de Jesús, Elizabeth Jara Cervantes y Andrea Lezama Bonilla.
También se encuentran denunciando Irianely Linares Guillen y María Guadalupe López Zavaleta, que se encontraban en el área de analistas y jefes de departamento de la Presidencia Municipal por recomendación de los hermanos de la alcaldesa, Daniel y David Rivera Vivanco.
A la lista se sumaron, por apoyar la campaña de Claudia Rivera a la reelección, María del Rocío Rondan, quien estaba en Tesorería Municipal; Patricia Veloz Hernández, en Secretaría de Desarrollo Urbano; Genoveva Jiménez Rivera, que trabajó para la Secretaría de Gobernación; Samantha Tolama Téllez, de la Secretaría de Administración; María Teresita del Niño Jesús Molina Nava, de la Secretaría de Bienestar –y cercana al exsíndico Gonzalo Castillo Pérez–; así como Mónica Itzel Herrera Leyva, de Secretaría General del Ayuntamiento –y amiga de la extitular Liza Aceves López.
DENUNCIANTES:
- Alejandra Vega Saldaña
- Ayran Isabel Medel Herrera
- Basilia Ruiz Domínguez
- Genoveva Jiménez Rivera
- Irianely Linares Guillen
- María Guadalupe López Zavaleta
- Karla Marín Rodríguez
- Laura Alatriste Torres
- María Guadalupe González Ramírez
- María Guadalupe Sandoval Robles,
- María Teresita Del Niño Jesús Molina Nava
- Elizabeth Jara Cervantes
- Mónica Isabel Ruiz Flores
- Mónica Itzel Herrera Leyva
- Reina Patricia Veloz Fernández
- María del Rocío Rondán Nájera
- Cristina Alcántara Arriaga
- Samantha Tolama Téllez
- Andrea Lezama Bonilla
- Dulce Karina Guzmán de Jesús
- Gisela Hernández Reyes
- Itzel Mariana Durán Ángel
- America Diana Guerrero Apolinar
