Con un recordatorio hacia todos los servidores públicos para que actúen apegados a la legalidad, porque los cargos no son eternos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lanzó una advertencia que no se solapará a quien pretenda otorgar privilegios aprovechándose de su posición.
Lo hizo luego de que se diera a conocer que la diputada local del PT, Nora Merino Escamilla, habría gestionado un certificado de prueba positiva de Covid-19 para beneficiar a Arturo N., quien se mantiene preso en el penal de Tepexi de Rodríguez por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión, con la finalidad de que fuera internado en un hospital de la capital y alargar más el proceso penal en su contra.
El mandatario fue directo con su advertencia hacia quienes ostentan un cargo público: “Yo espero que todos los servidores públicos de cualquier Poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial se apeguen en su comportamiento a la ley solo eso”, dijo.
Junto con el equipo de abogados de Arturo N., la legisladora petista habría coadyuvado en la obtención de un certificado de prueba positiva a Covid-19, para que el director de Diario Cambio pudiera salir del penal de Tepexi de Rodríguez e internarse en un hospital.
Con esta argucia, la defensa habría intentado que su cliente se ausentara del proceso penal que enfrenta en el reclusorio —considerado de alta seguridad—, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.
El gobernador no negó dicha versión, que difundió el periodista Ignacio Juárez, por el contrario, les recordó a todos los servidores que su comportamiento debe estar apegado a la ley, pues los cargos son transitorios.
“Solamente yo lo que espero es que todos quienes somos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hablo de estatales, federales y municipales, nos apeguemos al cumplimiento de la ley”, declaró Barbosa Huerta.
Anteriormente, la legisladora ya había presentado otras pruebas Covid-19 positivas, cuando se ausentó de la sesión pública ordinaria del pasado 31 de marzo, en la que el Congreso del Estado destituyó a Francisco Romero Serrano, de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Romero Serrano está involucrado en la investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal por 427 millones de pesos, en la que también están implicados Arturo N., y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.
“Esto es transitorio, los cargos son transitorios y debemos estar siempre atentos a cumplir la ley en todo nuestro comportamiento”, advirtió Miguel Barbosa.
FISCALÍA NO HA SIDO NOTIFICADA
El fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, dijo que la institución no ha recibido notificación alguna sobre algún padecimiento del director de Diario Cambio.
“No tenemos ningún conocimiento de eso, nada. Eso es un asunto del sistema penitenciario, nosotros en la Fiscalía no (existe un trámite al respecto), sería en el diligenciario y con un juez”, indicó Higuera Bernal en una breve declaración a hipócrita lector.
El diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac, promovente de la denuncia penal contra Arturo N., por el delito de extorsión presuntamente ocurrida en 2015, señaló que existen “demasiadas” pruebas en contra del director de Diario Cambio, por lo que espera que el caso proceda.
“Hay demasiadas pruebas, está conformado el cuerpo del delito y que proceda lo que tenga que proceder, ya es un asunto más de abogados que de política”, indicó Estefan Chidiac, quien siendo candidato a diputado federal presuntamente fue extorsionado por el columnista, quien le exigió 10 millones de pesos a cambio de no revelar un audio que perjudicaría su carrera política.
El legislador dijo que no se trata de un asunto personal en contra del director del medio de comunicación, sino de un hecho denunciado como una conducta delictiva.
“A mí no me mueve ni la venganza ni el escarnio, entonces entendiendo que ya todo esto se está manejando por la vía legal yo quisiera ya dejarlo en la vía legal”, comentó el exdirector de Bansefi.
Asimismo, aclaró que su denuncia no se trata de un agravio contra un medio de comunicación, ya que el proceso penal se sigue contra una persona en particular.
Además de la denuncia penal por extorsión, Arturo N. sigue en prisión el proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos, en la que también están involucrados el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco y el exauditor Superior del Estado, Francisco N., quien se encuentra detenido en el penal de San Miguel.
Francisco N. enfrenta los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar, presuntamente cometida en contra del hijo de su pareja sentimental; fue destituido de la ASE el pasado 31 de marzo.
