El Pleno del Congreso de Puebla aprobó el inicio de procedimientos administrativos y de responsabilidades en contra de 35 expresidentes municipales por daños patrimoniales de 62 millones 056 mil 173 pesos durante el ejercicio fiscal 2016.
Sin embargo, por la tardanza del órgano de fiscalización superior del estado y el cambio de Ley de Rendición de Cuentas, los exservidores públicos podrían evitar la inhabilitación para ocupar cargos públicos o en la administración pública por hasta 10 años.
La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Olga Lucía Romero Garci Crespo, comentó que la auditoría deberá proceder de forma rápida con los procedimientos de inhabilitación, pues de lo contrario, los delitos que habrían cometido podrían prescribir y ya no ser sancionados por ello.
“La ASE tiene que actuar como juez y también hay que estar pendientes porque por el año que es todos están esperando a ver si prescriben, si se amparan e inician un proceso de prescripción, habría tomar en cuenta los criterios de los jueces porque algunos dentro de su criterio toman que la falta se cometió en febrero y que no se cometió en diciembre, entonces caería en prescripción”, detalló Romero Garci Crespo.
La legisladora de Morena apuntó que a partir de la aprobación del paquete de cuentas públicas que irán a procesos administrativos y de determinación de responsabilidades, los ediles tendrán otro plazo de entre 20 y 30 días para solventar observaciones y evitar los procedimientos.
Romero Garci Crespo evitó culpar a la ASE o a la situación de la pandemia del coronavirus por el retraso de la aprobación de estos procedimientos administrativos.
No obstante, apuntó que, en caso de que prescriban los delitos y una vez concluidas las revisiones e investigaciones, la Auditoría todavía podrá presentar las denuncias pertinentes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.
Entre las cuentas públicas de 2016 a las que se les iniciará un procedimiento se encuentra la de José Juan Espinosa Torres, como presidente municipal en San Pedro Cholula, donde el monto del posible quebranto patrimonial sería de 18 millones 749 mil 205 pesos, de los cuales poco más de 15 millones de pesos corresponden a observaciones en la realización de obra pública.
Espinosa Torres es el único exalcalde que ya enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa, abuso de autoridad y uso de facturas apócrifas, por un monto de 85.3 millones de pesos.
La exalcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, y esposa del exedil Álvaro Alatriste, también enfrenta un procedimiento por 13 millones 334 mil 051 pesos que no logró solventar.
Asimismo, Pablo Morales Ugalde, expresidente municipal de Palmar de Bravo, aprehendido en julio de 2017 por presuntos nexos con el robo de combustible en el Triángulo Rojo y liberado en octubre de 2018, tiene un procedimiento por presunto daño patrimonial de 488 mil 065 pesos.
