Por el programa de verificación vehicular, el gobierno del estado ha logrado que alrededor de 33 por ciento del total del parque vehicular del transporte público de la entidad atienda el programa, con lo que ha recaudado 20 millones de pesos.
Durante su comparecencia, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, defendió la implementación de este programa al enfatizar que no se trata de una política recaudatoria de la administración estatal, sino de un programa para combatir la contaminación ambiental.
Informó que como parte del programa de verificación vehicular que se implementó a partir de octubre de 2022, hasta el 31 de diciembre, se hicieron 114 mil 179 pruebas a vehículos de gasolina, gas y diésel, de los cuales 99 mil 499 pertenecen a particulares y 14 mil 680 operan el transporte público de la entidad.
Externó que los 14 mil 680 vehículos del transporte público que han ido a verificar —de los cuales no precisó cuántos pasaron la verificación—, representan 33.4 por ciento del total del parque vehicular de Puebla, alrededor de 36 mil unidades.
Esto evidencia que 66.6 por ciento de ellas han reprobado o incumplido con el programa, a pesar de que se otorgó una prórroga que venció el pasado 17 de enero, para que los transportistas cumplieran con este proceso.
Estos datos evidencian a las organizaciones que han salido a manifestarse contra la verificación vehicular, como Antorcha Campesina, que marchó este día y que cuentan con concesiones del transporte público.
La secretaria de Medio Ambiente detalló que de los 33 centros de verificación que se tienen contemplados para operar en la entidad poblana, 16 de ellos ya se encuentran en funciones; mientras que el resto están en construcción, aunque no se detalló la fecha de su inicio de operaciones, pues aún faltan pruebas técnicas para que cumplan con los reglamentos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).
Sobre la verificación, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, criticó que se haya incrementado la tarifa se decidiera su homologación conforme al costo en la Ciudad de México.
Al respecto, Beatriz Manrique señaló que la tarifa de 628 pesos que se cobra en Puebla se ubica en el cuarto sitio de los estados que conforman la CAME, por debajo de Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México, y que lo recaudado se utiliza para la mejora de los centros de verificación para que tengan equipos de primera calidad —y no hechizos como en las administraciones pasadas— y con vigilancia permanente para su seguridad.
Dijo que estos recursos no forman parte de un programa recaudatorio del gobierno del estado, ya que su principal fin es el de formar parte de toda una estrategia medioambiental que combata los estragos del cambio climático en el estado, que generan mala calidad de aire, consistente en la revisión de las industrias, de las que cuentan con chimeneas y calderas.
En cuanto a las acciones para la restauración de los mantos acuíferos de la entidad, la funcionaria estatal informó que el gobierno del estado firmó un acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (CITEX), a fin de llevar a cabo un plan de acciones para la restauración del río Atoyac, al cual se adhirieron 116 empresas textiles, nueve municipios y dos sistemas operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
Asimismo, concluyó la primera fase del Proyecto Puebla Resiliente ante Desastres, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya finalidad es el fortalecimiento de capacidades de adaptación de municipios y población. Bajo este concepto de colaboración fueron capacitadas 500 personas y elaborados los primeros 17 Programas Municipales de Resiliencia en el país, así como 101 talleres presenciales y la construcción de la primera Estrategia Estatal de Resiliencia en Puebla.
Beatriz Manrique reconoció que, de acuerdo con estudios hechos por la dependencia, el río Alseseca cuenta con niveles de contaminación “de miedo” que no pueden atender porque dichas acciones le corresponden a instancias federales como Conagua u otros organismos estatales como la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue).
No obstante, se encuentran coordinando las acciones para el saneamiento de los ríos que pasan por Puebla y coadyuvan con la clausura de empresas que descargan residuos de manera ilegal en la entidad.
Asimismo, la secretaria destacó que el Instituto de Bienestar Animal hizo 263 visitas de inspección, 225 atenciones veterinarias y presentó 34 denuncias penales por maltrato animal.
Se efectuaron 78 rehabilitaciones de animales en malas condiciones y el aseguramiento precautorio de 33 en situación de riesgo.
La titular de la dependencia enfatizó que en los casos donde se detectó el maltrato animal también se dio aviso a la Fiscalía General del estado, ya que las señales de este tipo de violencia también evidencian violencia familiar en el entorno.
