El paradero exacto del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sigue siendo un misterio. Aunque se esperaba que llegara a su domicilio en Puebla el lunes para cumplir con la medida de arraigo domiciliario por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, al final del día no se confirmó su ubicación, y fuentes cercanas indicaron que Marín aún se encontraba en el Estado de México.
El exmandatario fue liberado del penal del Altiplano alrededor de las 18:00 horas del lunes, bajo la orden de la jueza segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, quien modificó las medidas cautelares que lo mantenían en prisión. Según expertos, Marín debió haber cumplido de inmediato con su arraigo domiciliario en Puebla, pero la precisión de su llegada a la capital poblana sigue siendo incierta.
Luis Knapp, abogado de la organización Artículo 19, señaló que Marín tenía como plazo hasta el lunes para cumplir con la medida de arraigo domiciliario. Adelantó que se presentará una impugnación ante el Tribunal de Apelación de Quintana Roo, argumentando el riesgo de fuga del exgobernador, quien podría recibir visitas en su domicilio y planear un posible escape.
Otra versión, como la de Aracely Andrade, abogada de Lydia Cacho, sugiere que la prisión domiciliaria se amplió hasta el martes 13 de agosto.
En el Residencial San Ángel, fraccionamiento donde se presume que Marín debería cumplir su arresto domiciliario, la actividad ha sido mínima. Apenas se ha visto el ingreso de algunos vehículos particulares y de servicios de telefonía, sin que se confirme la llegada del exgobernador priista.
La noche del lunes, el fraccionamiento ya estaba listo para recibir al exmandatario: cámaras de vigilancia, enrejados de gran altura tapizados de ramas que ocultaban el interior del inmueble y un pasto recién cortado, formaban el paisaje de la vivienda marcada con el número 10522 de la avenida San José Xilotzingo.
ORDENAN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR
El pasado 12 de agosto, la jueza Angélica del Carmen Ortuño envió un oficio a las autoridades penitenciarias, instruyéndoles ejecutar de inmediato la orden de traslado a prisión domiciliaria para Marín, quien continúa su proceso penal a la espera de una sentencia.
Este beneficio le fue concedido el sábado, pero la ejecución de la orden se retrasó debido a que las autoridades del penal realizaron 43 solicitudes a diversas instancias en el país para verificar si existían órdenes de aprehensión pendientes en su contra.
De acuerdo con La Jornada, el oficio relacionado con la causa penal 26/2018 establece que las autoridades penitenciarias deben cumplir de manera inmediata con la orden judicial.
La jueza advirtió que el incumplimiento podría llevar a sanciones, exigiendo que se informe del resultado de las solicitudes y que se proceda sin demora a trasladar a Marín a su domicilio bajo la supervisión de la Dirección General de Seguridad Procesal de la Guardia Nacional.
En respuesta, el coordinador general de Control Penitenciario, Sergio Alberto Martínez Castuera, indicó el mismo 12 de agosto que aún se encontraban gestionando el cumplimiento de la orden, debido a que 15 de las 43 dependencias consultadas no habían respondido si existían procesos penales pendientes contra Marín Torres y además solicitaron una prórroga para obtener todas las respuestas faltantes.
Pese a estos retrasos, la abogada Andrade estimó que antes de finalizar el 13 de agosto, las autoridades penitenciarias deberían haber facilitado el traslado de Marín a su domicilio en Puebla, cumpliendo con las disposiciones legales y evitando caer en desacato judicial.
A cambio de continuar su proceso legal en libertad, Marín debió pagar una fianza de 100 mil pesos y estará sujeto a estrictas restricciones como no salir de la ciudad ni del país, así como portar un brazalete electrónico para ser localizado en cualquier momento.
Este proceso penal sigue su curso luego de que en 2005 la periodista Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, el cual destapó una compleja red de pornografía infantil y pederastia en la que estaban involucrados servidores públicos de alto nivel, miembros del Senado, los exgobernadores de Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, el expresidente del Poder Judicial de Puebla, una jueza, el director de la policía judicial, empresarios, policías municipales y ministerios públicos.
