El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, buscará castigar hasta con 15 años de cárcel a quienes extorsionen a menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas.
El coordinador de la bancada de Morena en el Poder Legislativo local presentó una iniciativa para reformar el artículo 292 Bis del Código Penal del Estado, con el fin de establecer agravantes para el delito de extorsión, así como la obligación de la reparación del daño.
En sus consideraciones, Céspedes Peregrina argumentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), durante el primer semestre de 2022, el 11.6 por ciento de los hogares del país tuvieron al menos un integrante que fue víctima de extorsión.
Asimismo, el informe del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al mes de abril, mensualmente hubo un total de 1142 víctimas de extorsión, y el municipio de Puebla concentró el 36 por ciento del total de carpetas de investigación, lo que posicionó a la ciudad en el lugar número 23 a nivel nacional en incidencia delictiva con 0.25 víctimas por cada 100 mil habitantes.
El coordinador de la bancada morenista planteó que, además de la pena de 2 a 10 años de cárcel y multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que ya está establecida en el Código Penal del Estado, el responsable del delito se encargue del pago total de la reparación de los daños ocasionados.
No obstante, Céspedes Peregrina propuso que la pena por este delito se incremente en una mitad por incurrir en ciertas modalidades, por lo que las penas podrían ser de 3 hasta los 15 años de prisión.
El delito de extorsión sería agravado cuando se cometa en contra de un menor de edad, una persona mayor de 60 años, así como a mujeres en estado de gravidez; se emplee violencia física, se encuentre armado o porte instrumento peligroso.
Estas sanciones también se incrementarán cuando participen trabajadores de instituciones públicas o privadas que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sí o para terceros, con el objeto de cometer el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades.
También se incrementarán estas sanciones cuando se utilice como medio para la comisión del delito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital; o se logre que la víctima o un tercero entregue algún bien o cantidad de dinero con la finalidad de evitar la amenaza.
