El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no descartó fincar responsabilidades en caso de que existan irregularidades por el adeudo fiscal de 722.3 millones que heredó la administración de Miguel Barbosa Huerta al SAT.
“Si hay algún tema en donde se esté faltando a la ley, tenemos que hacerlo por obligación”, dijo al ser cuestionado sobre la existencia de responsabilidades por parte de quienes omitieron reportar las contribuciones al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Inclusive, el titular del Ejecutivo del estado dijo que de ser necesario que comparezcan los funcionarios que estén involucrados en el endeudamiento al SAT, por lo que consideró que se deben transparentar todas las acciones que se hayan llevado a cabo.
“Es un tema de timbrado de algo que no se hizo, está en su derecho el Congreso de llamar a quien tenga que llamar para que se transparenten todas las acciones”, puntualizó.
Refirió que el crédito fiscal con el SAT fue detectado por una notificación que hizo la autoridad fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no descartó que surjan otros asuntos pendientes en la Entrega-Recepción.
“Más de lo que se haya detectado, son temas que nos tienen que notificar las autoridades competentes y lógicamente en la entrega-recepción se va a ir viendo qué es lo que irá saliendo, ese tema (surge) atendiendo a una notificación que hace el SAT”, añadió.
El pasado 27 de junio, la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, reveló que encontró un adeudo por el orden de los 722.3 millones de pesos, debido a que no se cubrió una diferencia en el pago de sueldos y salarios al Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
La funcionaria estatal explicó que la diferencia se deriva en omitir el gravamen por concepto de despensa en los salarios a funcionarios del estado, el magisterio y por concepto de dependencias y entidades, por lo que el gobierno del estado estaba “timbrando” cantidades diferentes al SAT.
Morales Guerrero informó que para no generar intereses se buscará cubrir el adeudo fiscal ya que, de lo contrario, advirtió, que se generarían pagos de 8 millones de pesos sólo por intereses moratorios, causando con ello daño al erario.
“Se nos instruyó hacer una revisión de toda la parte fiscal y, en coordinación con la autoridad fiscal federal, se verificó que el Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y salarios del gobierno del estado de Puebla de los años 2019 y 2020 existe una diferencia en el cálculo, esta diferencia representa en este momento 722.3 millones de pesos”, apuntó.
Añadió que no se puede ser omiso con el incumplimiento de pago del adeudo fiscal, pues argumentó que, en lugar de pagar 722 millones de pesos, se tendría que liquidar el pasivo con 100 millones de pesos.
