Aunque las bancadas de Morena, Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) han propuesto reformas para agravar las penas de lesiones cometidas con sustancias químicas corrosivas, para las víctimas de la violencia ácida estas sanciones son insuficientes.
Durante el foro “Violencia Ácida” organizado en el Congreso del Estado, colectivos y víctimas de este delito exigieron que se busque tipificar en un capítulo del Código Penal este tipo de ataques, además de establecer en la Ley Estatal de Salud un protocolo de actuación específico para atender de manera inmediata a las víctimas de estos ataques, a fin de evitar que sufran daños severos o permanentes.
Esta exigencia fue respaldada por quienes han sufrido esta violencia en carne propia: Carmen Sánchez, la primera víctima de este tipo de ataques; Esmeralda Millán, quien enfrenta un proceso judicial contra su agresor desde hace casi cuatro años; Leslie Moreno, quien fue atacada por una mujer; y Andrea Flores, atacada en agosto de este año en la ciudad de Puebla.
Ximena Reyes Canseco, vicepresidenta de la fundación Carmen Sánchez, indicó que desde 2001 a la fecha se tienen documentados 34 ataques con sustancias químicas corrosivas contra mujeres en el país, de los cuales siete son de víctimas residentes en el estado de Puebla.
No obstante, refirió que esta cifra es apenas un acercamiento al problema real que ha ido en aumento en México, pues esos 34 casos equivalen al 10 por ciento de los casos reales que se han registrado en el país, pero por cuestiones personales o miedo a presentar una denuncia, no se han hecho públicos y no se han contabilizado.
URGENTES, LAS REFORMAS
La activista en apoyo de las víctimas de ataques con ácido señaló que las propuestas de reforma al Código Penal del Estado para considerar como un agravante los ataques con ácido del capítulo de Lesiones “no funciona para nada”, pues en otras entidades, como Estado de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Oaxaca y Ciudad de México y no ha disminuido esta modalidad de violencia.
“No funciona, no ha funcionado y no va a funcionar, tiene que ser una figura especifica dentro del Código Penal Federal, la sentencia no puede ser dentro de 6 a 13 años de prisión (…) Necesitamos que sea un delito autónomo, con penas más severas y sin ningún tipo de beneficio judicial para los imputados”, indicó Reyes Canseco, al comentar que no se tiene información de algún caso en el que se haya incorporado esta agravante a la carpeta de investigación en los casos que se han abierto desde 2019 a la fecha.
La vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez agregó que también se debe obligar al sector salud operar para dar asistencia psicológica, terapia física de recuperación, así como otorgar productos farmacológicos de manera gratuita ante el alto costo que genera para las víctimas de este delito.
Reyes Canseco también consideró que se requieren protocolos médicos de actuación especializada para las víctimas de ataques químicos, ya que las instituciones de salud no tienen protocolos para estos casos desde el primer contacto hasta los procedimientos quirúrgicos, pues en muchos casos se necesitan injertos de piel y trasplantes de órganos.
Sin embargo, otra de las deficiencias en este tipo de casos está en la impartición de justicia, la cual han sufrido en carne propia las víctimas al buscar que sus agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.
ALGUNOS CASOS DE VIOLENCIA
Ese es el caso de Leslie Moreno, una joven de Pachuca, Hidalgo, quien antes de ser agredida recibió decenas de amenazas por redes sociales, por lo que acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar medidas de protección.
Sin embargo, al no presentar signos de alguna agresión, la Fiscalía se negó a atender su caso y fue en mayo de 2015 cuando la atacaron con ácido, generando estragos en su cuerpo, sin que el agresor haya sido identificado y detenido.
Una historia similar vive Esmeralda Millán, una joven del norte de la ciudad de Puebla, a quien su pareja sentimental y padre de su hijo la atacó en diciembre de 2018 cuando salía de su casa por la mañana.
Esmeralda aún recuerda cómo le arrojó la sustancia química en parte del rostro y del cuerpo, y cómo pudo evitar que lo hiciera en una segunda ocasión que la hiriera de gravedad hasta matarla.
Además de sufrir la negligencia de los médicos que la hicieron esperar horas para atenderla y de la negativa para aplicarle tratamientos por lo costosos que resultaban, Esmeralda ha tenido que enfrentar en los casi cuatro años que ha durado, al sistema de justicia negligente.
Aunque su pareja fue detenida como responsable del ataque, el equipo jurídico que lo defiende ha logrado diferir por meses las audiencias en Casa de Justicia para llevar a cabo la presentación de pruebas, lo que ha retrasado el proceso y ha abierto la puerta para dejarlo en libertad por la prescripción del delito.
El caso más reciente es el de Andrea Flores, joven que fue agredida en agosto de este año en la colonia Galaxias de Amalucan: fue rociada con un ácido en la calle.
Ante el dolor que le ocasionaba el líquido, la joven llegó a su casa y se metió en el baño para limpiarse la herida y evitar que provocara un daño mayor.
La impotencia para Andrea sería mayor cuando al presentar la denuncia en Fiscalía de Puebla y al entregar sus prendas con el líquido que le rociaron para que realizaran las pruebas, descubrió que los agentes del Ministerio Público perdieron los videos de la agresión, lo que imposibilitó su detección.
