Tras la salida de Armando Ríos Piter como rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y los diferentes exhortos de jueces que coinciden en que el peso de la reapertura del campus recae en Cecilia Anaya Berrios, la Fundación Mary Street Jenkins solicitó a la doctora asumir las funciones que le fueron conferidas orgánicamente al restablecer a la brevedad las clases presenciales de la universidad cholulteca.
Fue a través de un comunicado que los apoderados legales de la Fundación MSJ recalcaron que el conflicto legal por la integración del Patronato es un tema que se dirimirá en las instancias legales, pero la obligación de operar el funcionamiento de la universidad es responsabilidad de la rectora interina Cecilia Anaya.
El nuevo Patronato aclaró que su representante legal, Rodrigo Gurza Cárdenas, desistió de la acción civil promovida ante el Juez 24 de la Ciudad de México, por lo que la UDLAP no enfrenta ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional que impida su operación, es decir, ya no habría excusa para oponerse a la reapertura.
“El viernes pasado, se consignó ante un juez civil del Estado de Puebla, en vía de jurisdicción voluntaria, la posesión del campus de la Universidad y de todos sus accesorios, en beneficio de la Doctora Cecilia Anaya Berrios, en la calidad que ostenta dentro del cuerpo directivo de la Universidad. Esto significa que la Doctora Anaya está en condiciones de asumir la posesión jurídica y material de la Universidad, así como la administración, conducción, y representación de la Udlap, tan pronto como lo disponga”, precisa la misiva.
El exhorto por parte de la Fundación que lidera Horacio Mañana exhibió las contradicciones por parte de los emisarios de la familia Jenkins. Su vocero, el abogado Enrique Rodríguez Martínez acusó que el comunicado fue emitido por una Fundación Mary Street Jenkins fake, pero a la vez lanzó una crítica al asegurar que sus mismos integrantes tienen tomada la universidad.
Sin embargo, lo que bien es cierto y se precisa en el comunicado es que sus patrones, junto con los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Hernández, desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins por 720 millones de dólares, lo que les valió órdenes de aprehensión locales y federales por delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero.
El nuevo Patronato acusó que los miembros removidos de la Fundación MSJ han operado una estrategia política para colocar a la universidad en medio de un conflicto que sólo se resolverá cuando concluyan las investigaciones de instancias locales y federales, se resuelva qué personas integrarán los respectivos patronatos y se determine si los Jenkins tendrán sanciones penales por el desfalco millonario.
Cabe resaltar que con la renuncia de Armando Ríos Piter como rector de la Udlap, se cumplió el exhorto del Juzgado de Oralidad del Distrito Judicial Centro del Estado de Puebla que instó a que Cecilia Anaya y demás académicos reactiven las actividades de la institución.
De igual manera se cumplió la resolución del Juzgado Tercero de Distrito, emitida el 31 de octubre pasado, la cual otorgó a Margarita Jenkins de Landa una suspensión definitiva contra la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla que buscaba removerla como presidenta del Patronato de la Fundación Udlap tras las órdenes de aprehensión en su contra.
Es entonces que Cecilia Anaya, rectora interina designada por el patronato de la Udlap que preside Margarita Jenkins de Landa, tendrá que reponer a la brevedad las clases presenciales, luego de que diferentes exhortos judiciales lo exigen y a que con la renuncia de Ríos Piter queda claro que es su responsabilidad asumir el control de la institución.
