Para privilegiar los derechos humanos de las personas recluidas y garantizar mejores condiciones y una logística adecuada, el gobierno del estado determinó cerrar siete penales del interior del estado, informó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
En entrevista, el mandatario explicó que los inmuebles donde funcionaban los penales estarán a cargo de los ayuntamientos y serán estas instancias las que determinen cuál será su destino una vez que queden desmantelados.
Detalló que los inmuebles son de propiedad municipal y la mayor parte “estaban cayéndose” en algunos casos en sus techos y otros que él supervisó, como el de Zacatlán, por ello es que serán los ayuntamientos los que decidirán lo que sucederá con ellos.
“Había unos que ya estaban en mala condiciones, que ya no tenían personas privadas de su libertad, entonces se tenía que hacer este correr y eficientar los recursos que se tienen para este rubro y también para que los internos estén mejor”, expresó.
A través de una publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado determinó cerrar siete penales del interior del estado, algunos de ellos estaban afectados por el sismo de 2017 y otros contaban con instalaciones adecuadas para la reinserción social; solo en cuatro de ellos hay internos, mismos que serán reubicados a otros penales.
Lo anterior derivó de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la reintegración social y familiar de quienes se encuentran en calidad de personas privadas de su libertad.
A través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 desarrollado por la CNDH, se identificaron aspectos relacionados con las condiciones de vida en la que se encuentran las personas en prisión preventiva y de las que cumplen una sanción de privación, en los que se incluyeron los penales de Puebla.
Dicho diagnóstico arrojó que el estado cuenta con una calificación de 5.02 en una escala del 1-10, por lo que la actual problemática se encuentra basada en la sobrepoblación, hacinamiento, alimentación, falta de personal operativo, técnico, capacitación constante, principalmente en los Ceresos distritales.
Lo anterior se debe a que dichos penales son administrados por los municipios donde se encuentra ubicados, lo que constituye uno de los desafíos más importantes para su atención, en virtud de que provocan un impacto negativo en el proceso de reinserción social.
En ese sentido, el gobernador declaró que “todo tiene que ver con privilegiar los derechos humanos de todos los que están recluidos, para tener mejores condiciones y mejor logística”, en dichos centros.
