En Puebla, alrededor del 70 por ciento de las mujeres que se encuentran en centros penitenciarios no cuentan con una sentencia firme o su proceso penal está inconcluso.
Al exigir el apoyo de empresas e instituciones de gobierno para que el 8 de marzo sea un día inhábil para que las mujeres puedan manifestarse libremente, la directora de la colectiva Grupo Pro-Niсez A.C., Alejandra Acevedo Placeres, señaló que siete de cada 10 poblanas que están presas no han tenido un proceso justo y están privadas de la libertad sin resoluciones de un juez.
Indicó que en muchos de los casos, las mujeres que se encuentran privadas de su libertad enfrentan delitos como homicidio por defenderse de su agresor, casos en los que llevan hasta 10 años sin recibir una sentencia, tiempo superior al debían pasar en prisión si hubieran recibido la sentencia.
“Hay mujeres que si cometieron un delito, que mataron al tipo que violaba a sus hijas; sí, también mataron al hombre que mató a su hija; se voltearon y le dieron un golpe al hombre que las estaba violentando y a veces con un mal golpe se cayó y se murió, cuando llevas una historia de años de violencia y que ese día por mala suerte lo empujaste, venía borracho y lo mataste”, manifestó.
La activista expresó que, en su último sondeo realizado en los céreos del estado, a finales del 2021, se tenían 296 mujeres presas, sin embargo, la pandemia incrementó el número de detenidas por quienes se dedicaron al robo de alimentos, narcomenudeo y prostitución, por lo que el número de mujeres sin sentencia en reclusorios del estado ascendería a poco más de 400 reclusas.
Acevedo Placeres detalló que uno de los centros penitenciarios en donde se han registrado más irregularidades es en el de San Miguel, donde se les han restringido derechos a las mujeres privadas de su libertad.
Acusó que tras el cambio de administración de directivos se prohibió el ingreso al Cereso de San Miguel, en el que fue nombrada como directora María del Rayo Farfán, se presentaron “traslados injustificados” de prisioneras hacia penales de Ciudad Serdán y al de Morelos, sin que se les informara a los familiares la razón de su cambio.
Otro de los abusos que se presentaron fue el retiro de los menores de 0 a 3 años de edad que se encontraban con sus madres, a pesar de que a nivel federal la Ley le permite a las mujeres ser acompañadas por sus hijos.
“Desafortunadamente después del caso Tadeo la señora (María del Rayo Farfán) demostró que no conoce la sonoridad, como directora en lugar de tener empatía y acabar con nuestras estructuras patriarcales de apoyar a las mujeres empática y de apoyarnos no ha permitido que los niños entren”, expuso la activista.
Manifestó que por esta situación, actualmente se encuentran 30 niños que no conocen a su mamá porque salieron al mes de nacidos y no les han permitido regresar al centro penitenciario, sin embargo, por el incremento de la población en San Miguel la cifra pudo incrementar entre 250 y 300 menores de edad sin estar en contacto con sus madres.
La representante de la organización civil lamentó que con el cambio de administración en el Cereso de San Miguel no cuentan con condiciones dignas de salud, servicios básicos como agua caliente, alimentos, productos de limpieza personal ni materiales para realizar trabajos dentro.
Asimismo, reprobó que les hayan prohibido el ingreso a las organizaciones no gubernamentales para realizar talleres y clases en el aula virtual que habían instalado para que las reclusas se puedan reintegrar a la sociedad.
