El nuevo Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, que habrá de integrarse con la entrada en vigor de la Reforma Judicial aprobada la semana pasada, tendrá que revisar el comportamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP), señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Tres de los siete magistrados que conforman el pleno del Tribunal administrativo enfrentan señalamientos en su contra por presuntamente beneficiar a particulares en sus fallos. Uno de ellos, Alfonso Siriako Guillén Almaguer, se encuentra preso por comportamientos que tuvo en el pasado.
David Paz Moreno, cercano a la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida en diciembre de 2018, fue señalado recientemente por ejercer presión contra la comuna de San Andrés Cholula para echar abajo la licencia de funcionamiento y demás permisos otorgados al empresario José Layón Aarún, quien tiene un litigio con la familia del exgobernador Antonio Gali Fayad por el arrendamiento de un predio en la exclusiva zona comercial de la Vía Atlixcáyotl.
El hijo del exmandatario presentó una denuncia en contra del ayuntamiento de San Andrés Cholula, la cual está en revisión de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, que está a cargo precisamente de David Paz.
“Sí sé la historia ésta que está describiendo el periodista de la intervención del magistrado David Paz, que ha hecho y deshecho en muchos casos. Asuntos que los tramita en semanas, en colusión con abogados; sí, sí es cierto”, apuntó Miguel Barbosa.
Otro de los magistrados que está en la mira de las autoridades es el titular de la Cuarta Sala Unitaria, Rubén José Huerta Yedra, a quien recriminó el gobernador que haya fallado a favor de la fábrica textilera “La Heredera”, a pesar de contar con un cúmulo de irregularidades que le permite seguir contaminando el Río Atoyac.
A finales de septiembre, Barbosa Huerta indicó que el magistrado Rubén José Huerta fue el encargado del procedimiento en la sala que encabeza, luego de que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) colocara sellos de clausura a la empresa, propiedad de José González Cobián.
“Este magistrado fue el que se encargó del procedimiento en donde le dan la razón a la empresa y la rehabilitan en su funcionamiento, a pesar de carecer de todo tipo de autorizaciones, de cubrir requisitos de funcionamiento; sí fue él”, indicó.
Huerta Yedra otorgó una medida cautelar restitutoria contra la clausura que hizo el Soapap en junio de 2022, por lo que la fábrica “La Heredera” pudo continuar vertiendo residuos tóxicos al Atoyac como lo ha hecho constantemente gracias a que ha librado las clausuras hasta en tres ocasiones en los últimos seis años.
Relacionado con el magistrado Huerta Yedra, el gobierno del estado interpuso una denuncia en contra de Jesús Pacheco Ortiz, exdirector Jurídico Contencioso de la Secretaría de Infraestructura, quien presuntamente actuó en contra del estado y favoreció a particulares en litigios, causando pérdidas millonarias a la administración.
Fue el propio gobernador quien confirmó que existe una denuncia en contra del exdirector de la dependencia y adelantó que se investiga su vinculación con los fallos del magistrado Rubén José Huerta Yedra.
El periodista Álvaro Ramírez reveló que Jesús Pacheco trabajó como abogado en la Secretaría de Infraestructura del estado entre diciembre de 2019 y abril de 2021, en ese periodo habría aprovechado su vinculación con el magistrado para generar un desfalco en contra del estado.
Con Huerta Yedra trabajó entre agosto de 2018 y octubre de 2019, cuando se desempeñó como actuario de la Cuarta Sala del Tribunal administrativo, la cual está a cargo del magistrado. Jesús Pacheco está implicado en el caso identificado con el expediente número 266/2019-TJAP-04-10, en el cual el estado tuvo que pagar 19 millones 974 mil 556.77 pesos por un pago que no debió ocurrir, ya que no debió perderse ese litigio.
En el caso del magistrado Alfonso Siriko Guillén, quien todavía aparece como titular de la Primera Sala Unitaria del TJAEP, el gobernador Miguel Barbosa Huerta cuestionó por qué continúa siendo magistrado cuando el pasado jueves le fue confirmada su vinculación a proceso por su participación en el pago ilegal de 107 millones de pesos por obras del Centro Expositor.
“Le fue confirmada a Siriako su vinculación a proceso hasta por sentencia de Tribunal Colegiado federal; yo no sé por qué sigue siendo magistrado. También tendrá que ser asunto del conocimiento y resolución del Consejo de la Judicatura”, comentó Barbosa Huerta.
El titular del Ejecutivo se pronunció porque la justicia sea pareja para todos y en contra de la utilización de las instituciones para favorecer intereses particulares o de grupo. Asimismo, que las autoridades determinen la aplicación de la ley para quienes tienen dinero y no tienen dinero, acotó.
“Ahora que se integre el nuevo Consejo de la Judicatura tendrá que ocuparse de esos asuntos, porque el Consejo de la Judicatura revisa el comportamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa”, sentenció Miguel Barbosa.
