Con la experiencia del año pasado, los diputados locales deberán revisar que ningún ayuntamiento pretenda realizar un cobro excesivo por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues este no será autorizado en las leyes de ingresos que ya remitieron al Congreso del Estado.
En las próximas semanas, el Congreso deberá iniciar la revisión de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 que proponen los 217 ayuntamientos, 154 de los cuales incluyeron el cobro del DAP en sus propuestas para remitirlas al Legislativo, según una revisión que realizó el portal MTPNoticias.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa pidió a los diputados locales revisar con lupa los montos que asignaron los presidentes municipales en sus iniciativas, con la finalidad de evitar abusos hacia la ciudadanía, pues en todo caso quien se beneficiará con la medida sería la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Advirtió que los diputados locales ya tienen perfectamente establecida la fórmula para la asignación del cobro del DAP e incluso fue ratificada mediante resolución de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido dijo que, de acuerdo al análisis realizado el año pasado por los diputados -cuando avalaron incluir el cobro del Derecho de Alumbrado Público en 140 municipios del estado- serán ellos quienes aprueben o modifiquen las leyes.
“Una cosa es la pretensión de los ayuntamientos de querer cobrar en fórmulas, rangos, tasas y, otra, es lo que el Congreso del estado les apruebe, rechace o modifique”, sentenció Barbosa Huerta.
En octubre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que son válidos los cobros por Derecho de Alumbrado Público que se aprobaron para el ejercicio fiscal de 2022 en diferentes municipios del estado.
A diferencia de lo que algunos señalaron como un impuesto, los ministros de la Corte señalaron que el cobro se estableció como un derecho que incluso ese máximo tribunal del país ya ha reconocido con anterioridad.
“Los diputados ya tienen experiencia porque ya se aplicó el año anterior, entonces si algún ayuntamiento pretende hacer un cobro excesivo, que por cierto ni siquiera les beneficiaría a ellos porque lo cobraría la CFE, no se les autorizará”, advirtió Miguel Barbosa.
La madrugada del 24 de diciembre de 2021, y con una mayoría de 34 votos en contra, el Congreso del Estado echó para atrás el cobro del DAP en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, los tres gobernados por alcaldes panistas.
Tras una maratónica discusión sobre el tema, los legisladores aprobaron las leyes de ingresos de 2022 de un total de 214 municipios del estado. En total 144 tuvieron el aval del Congreso local para incluir en sus leyes de ingresos de este año el cobro del Derecho por el servicio de Alumbrado Público, cuya tarifa oscilaría entre los 4 y los 13 pesos, según estimaron diputados.
Otros 70 ayuntamientos decidieron no incluirlo y por lo tanto no podrán obtener ingresos por este derecho, de lo contrario incurrirían en responsabilidad.
Tras la aprobación, al interior del estado estalló una rebelión en contra del Derecho por el Servicio de Alumbrado Público (DAP), tras la presión que ejercieron pobladores de municipios como Coxcatlán, Ajalpan y San Gabriel Chilac, cuyos cabildos terminaron por revertir dichos cobros.
Coxcatlán se convirtió en el primer municipio en revertir el cobro establecido en su Ley de Ingresos 2022, luego de que un grupo de pobladores se manifestó para exigir al presidente municipal, Camerino Montalvo, su cancelación.
El municipio de San Nicolás de los Ranchos registró el cobro más alto por el servicio de alumbrado público en su Ley de Ingresos 2022, con una tarifa mensual de 414.37 pesos.
Dicho municipio enclavado en las faldas del volcán Popocátepetl, superó incluso a Coxcatlán, que tiene una tarifa de 349 pesos; y a La Mesa Tochimiltingo en donde se cobrará 245 por el Derecho por el Servicio de Alumbrado Público (DAP).
