El gobierno del estado mantiene su posición de la reparación del daño a favor de los familiares de Daniel Picazo, el abogado linchado en junio en Huauchinango, sostuvo el gobernador Miguel Barbosa tras rechazar que la policía estatal haya sido omisa ante los acontecimientos, pues esta no estuvo presente en el lugar.
Las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) sobre el homicidio tumultuario ocurrido en la junta auxiliar de Papatlazolco, llevó a extender sus recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y al Ayuntamiento de Huachinango, por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida.
De acuerdo con la resolución, se advirtió que ni la autoridad estatal y ni la municipal aplicaron los protocolos de seguridad para rescatar a la víctima de la turba de habitantes de dicha localidad, quienes lo acusaron de “robachicos”, golpeándolo y prendiéndole fuego al cuerpo en plena plaza pública.
Dicha versión fue rechazada por el mandatario, ya que sostuvo que los primeros respondientes no fueron los policías estatales, sino los municipales, quienes se encontraban presentes al momento de los lamentables acontecimientos.
“La Policía Estatal no estaba ahí, todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si se acepta o no por los destinatarios de la recomendación de la CDH, que quede claro, la conducta omisiva fue de la Policía Municipal, no de la estatal”, subrayó Barbosa Huerta.
Según las investigaciones de la CDHE, basadas en informes de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Gobernación, Policía Estatal, Policía Municipal y testigos, los elementos policiacos no desarrollaron las labores de rescate adecuadas para salvar a la víctima y únicamente se dedicaron a hacer llamadas telefónicas.
También se subraya que el cuerpo de Daniel Picazo, ya sin vida, fue prendido en dos ocasiones ante la mirada de las autoridades, interviniendo únicamente civiles para impedir que le siguieran prendiendo fuego, mientras que los policías no se inmutaron en prestar atención y las lesiones terminaron con la muerte del joven de 31 años de edad.
Al respecto, el Ejecutivo del estado señaló que la Comisión de Derechos Humanos del Estado se excede de los propósitos de sus propias funciones y pidió a dicho organismo, que preside Félix Cerezo Vélez, ser congruente en resoluciones y que estas sean consecuentes, exhaustivas y completas.
Según el mandatario, la Comisión no tomó en consideración la información que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Daniel Iván Cruz Luna, por lo que será dicha instancia la que determine qué posición jurídica tomarán ante la recomendación 18/2022.
“Ojalá todas las resoluciones estuvieran ajustadas a derecho y a los hechos y no en una orientación permanente de otorgar todas las recomendaciones que se solicitan como una práctica permanente, ya que tienen ese papel y que investigan y determinar qué es correcto, sus resoluciones deben ser exhaustivas”, puntualizó.
De los nueve puntos que integran la recomendación, en el punto 4, la CDHE pide que se emita un Protocolo de Reacción Inmediata y/o Manual de Procedimientos de Actuación para el personal adscrito a la SSP, que sirva de complemento al Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla, en el que se establezca la conformación de un grupo especial de reacción inmediata en casos de intentos de linchamientos, debidamente capacitados en materia de negociaciones y extracciones a posibles víctimas, así como el uso de la fuerza pública.
El mandatario reiteró que su gobierno se mantendrá en la posición de la reparación del daño a los familiares de Daniel Picazo, pues a ello se comprometió desde el momento en que ocurrió el linchamiento.
Dijo que su gobierno mantiene una relación de comunicación con la familia de la víctima e incluso, abundó, personalmente ha tratado con ellos sobre este asunto. Añadió que el primer contacto que se estableció fue a través del gobierno estatal y así se le hizo saber a la Comisión.
