Para los diputados locales de la LXI legislatura lo que provocó la dilación en la aprobación de procesos sancionadores en contra 35 exalcaldes por desvíos de recursos en el ejercicio fiscal 2016 no fue producto de la decisión de una persona o un concierto de complicidades, sino una falta de coordinación entre el pasado Congreso local y la Auditoría Superior del estado (ASE), así como una actuación negligente por parte de dicho órgano.
La actitud asumida por la ASE, sumado al desmantelamiento en sus atribuciones durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, provocaron que estén en peligro las sanciones en contra de exservidores públicos.
La presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla, apuntó que en la pasada legislatura se presentó una falta de coordinación entre los órganos que conforman el Poder Legislativo en el estado como la principal causante en este atraso.
“Hubo, en los tiempos cercanos de la legislatura anterior, en los que yo fui testigo, una falta de coordinación y de trabajo interinstitucional entre el Congreso y la Auditoría Superior del Estado, creo que de parte de la auditoría no había habido voluntad para destrabar algunos temas, y hoy la está habiendo porque ya están caminando algunos temas”, comentó.
La coordinadora del grupo legislativo del Partido del Trabajo (PT) consideró que no se trató de “enviar a la congeladora” los procedimientos administrativos, donde se involucra al entonces diputado local petista y exedil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, sino de una situación en donde no existían las condiciones para subir el tema al Pleno.
Agregó que la presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE debería explicar las razones del retraso en la aprobación del inicio de procedimientos administrativos de responsabilidades en la LX Legislatura.
En días pasados, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la comisión, manifestó que no existe un culpable en el retraso de la aprobación de estos procesos ante el Pleno, y consideró que sería irresponsable achacar a situaciones como la pandemia del coronavirus el retraso en éstos.
Por su parte, el diputado de Morena Roberto Solís Valles responsabilizó a la auditoría por no presentar los procedimientos con antelación. Recordó que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se le quitó atribuciones a la Comisión Inspectora, dejándola sin capacidad de llamar a cuentas al órgano fiscalizador.
Manifestó que en la sesión del Pleno del 15 de diciembre de este año, además del inicio de procedimientos administrativos de responsabilidades, se aprobaron tres minutas de decreto por el que se sobreseen procesos y archivan casos por los que se les investigaba a exediles entre 2010 y 2014, con la justificación de que ya había prescrito la acción penal.
“En tiempos del gobernador Rafael Morena Valle le quitaron muchas atribuciones a la Comisión Inspectora y empedraron a la auditoría. Quien tiene la culpa es la Auditoría porque ellos tienen el personal para estar revisando y sacando en tiempo y forma las cuentas públicas.
“Éste no es un tema de un Congreso, ese es tema de la Auditoría porque la Auditoría no dictamina correctamente en tiempo y forma las cuentas públicas”, externó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Solís Valles añadió que, por esa razón, se reformó la Constitución Política del Estado para crear la Unidad Técnica de Evaluación que determinará si el actuar de la Auditoría está apegado a los principios de la fiscalización y la rendición de cuentas.
