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jueves, octubre 6, 2022
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Mier Bañuelos, Abdala y funcionarios de Gali… Entregaron contratos millonarios a Florentino Tavera

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Treinta y cinco extitulares de dependencias de gobierno, presidentes municipales, directores de organismos públicos descentralizados, rectores de universidades y delegados federales, fueron los encargados de entregar un alud de 280 contratos millonarios.

Al menos 35 extitulares de dependencias de gobierno, presidentes municipales, directores de organismos públicos descentralizados, rectores de universidades y delegados federales, fueron los encargados de entregar un alud de 280 contratos millonarios a 13 empresas ligadas a Florentino Daniel Tavera Ramos, firmas que a su vez forman parte de las
investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.

En esta trama de corrupción, un total de 32 empresas están siendo investigadas por posible triangulación de recursos con destino a nueve países en los últimos cinco años.

Sin embargo, la importancia radica en que las diligencias apuntan a que también estarían involucrados el director de Diario Cambio –hoy vinculado a proceso por dos delitos– José
Arturo Rueda Sánchez de la Vega, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro,
Ignacio Mier Velazco, y el exauditor de Puebla, Francisco Romero Serrano, también tras las
rejas desde febrero.

De entre las 13 compañías poblanas constituidas en sólo 22 meses, destaca que algunos de
los alfiles políticos de Ignacio Mier Velazco, han entregado diversos contratos a las compañías de Florentino Tavera, tal es el caso de Rodrigo Abdala Dartigues a su paso como delegado Iván Rivera de Bienestar Federal en Puebla, la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco y hasta su hijo, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, quien le entregó dos contratos como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE).

Caso peculiar ocurre con dependencias del gobierno de Puebla durante la gestión del
panista Antonio Gali Fayad. Por ejemplo, el Sistema Estatal de Telecomunicaciones a cargo de Ricardo Gutiérrez Loyola –hoy director de El Universal Puebla–, se convirtió en la principal caja registradora de Florentino Tavera, al entregarle contratos a 11 compañías en las que funge como apoderado legal.

En tanto que, en el área de Museos Puebla, durante la misma gestión del panista fueron
entregados también 23 contratos, la mayoría signados por su director administrativo, Iván de Sandozequi Cornejo.

En el caso de partidos políticos como Nueva Alianza, PRI, PAN, Ayuntamientos, Tribunales y algunas universidades, aunque arrojaron resultados sobre contratos recibidos a favor de estas 13 empresas, no fue posible acceder a los documentos donde se desprende
quiénes fueron los funcionarios que firmaron la entrega de recursos.

Lo que sí es un hecho es que hay casos en los que, en un mismo proceso de licitación, varias compañías de Florentino Tavera se inscribieron para obtener el contrato, lo que implicaría una posible simulación de competencia para favorecer al mismo dueño.

35 FUNCIONARIOS, DETRÁS DE 13 FACTURERAS

Florentino Tavera no sólo sería el responsable de estructurar una compleja operación para
triangular recursos con destino al extranjero a favor de Ignacio Mier y Arturo Rueda,
sino que también vio en instancias como el Sistema Estatal de Telecomunicaciones la
oportunidad perfecta para usufructuar millonarias ganancias por distintos convenios con la
autorización de al menos tres personajes: Ricardo Gutiérrez Loyola, José Manuel Manjarrez
Álvarez y Juan Carlos Gazal de Anda.

En una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia, Hipócrita Lector halló
que desde 2017, cuando fueron constituidas las compañías investigadas por la UIF, este organismo entregó 54 contratos a 11 de las empresas del prestanombres: Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus,
planeación Comercial y Asesoramiento Comercial; Obras Civiles Industriales Richpe;
Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; Siniigna Construcciones e Infraestructura, así como Consultores Comerciales y Administrativos la Noria.

Los motivos de los contratos fueron variopintos: el arrendamiento y operación de equipo
de audio, equipo de cómputo e impresión a color por 1.4 millones de pesos, producción
técnica para la sonorización de la Ciudad de las Ideas 2016 por 1.5 millones, la instalación
y puesta en operación de un circuito cerrado de monitoreo Treinta y cinco extitulares de dependencias de gobierno, presidentes municipales, directores de organismos públicos descentralizados, rectores de universidades y delegados federales, fueron los encargados de entregar un alud de 280 contratos millonarios a través de internet IP por 1.2 millones de pesos o bien, por 908 mil pesos por el servicio de streaming en vivo para el informe de actividades de la otrora presidenta del DIF estatal, Dinorah de Gali, esposa del exgobernador Tony Gali.

La Secretaría de Turismo se convirtió en la segunda dependencia que entregó la mayor
cantidad de contratos a las firmas de Tavera, al contabilizarse 28 durante la gestión de Tony Gali y con la venia de Laura Flores Barrera y Adrián Flores Zapata, en calidad de directores generales administrativos.

Sin embargo, en la lista de dependencias hay peculiaridades como la del CECyTE que a
cargo de Carlos Ignacio Mier Bañuelos –hoy alcalde de Tecamachalco–, entregó a las firmas Horus, planeación Comercial y Asesoramiento Comercial y Consultores Comerciales y Administrativos la Noria, dos contratos que suman 247 mil pesos.

En la Coordinación General de Comunicación con Rafael Moreno Valle, el columnista
Fernando Crisanto también benefició a dos empresas de Tavera Ramos con un contrato
a cada una que suman 342 mil pesos.

En tanto, Omar Martínez Amador, hermano del dirigente estatal del PRD en Puebla, Carlos Martínez Amador, a su paso por el Colegio de Educación Técnica del Estado de Puebla, (mejor conocido como Conalep), también benefició a las empresas del prestanombres investigado por la UIF y se entregaron desde allí 10 contratos a tres de sus sociedades mercantiles.

En la Secretaría de Bienestar federal, el extinto delegado en Puebla de esa dependencia,
Rodrigo Abdala Dartigues, también benefició a dos compañías de Florentino: Grupo Estratégico Risoja y Consultores Comerciales y Administrativos La Noria. Con la primera firmó por 339 mil 900 pesos y con la segunda por 51 mil 910 pesos, ambas por el “servicio de impresión de formas” en 2019.

En el caso del Ayuntamiento de Puebla, aunque durante la elaboración de la primera
parte de este reportaje fueron hallados seis enlaces de contratos, durante una nueva búsqueda los links no aparecieron nuevamente, pero estos fueron entregados entre 2018 y 2019, cuando Claudia Rivera Vivanco era la presidenta municipal en la capital del estado.

En la lista de titulares de distintos órdenes de gobierno, escuelas o instancias fiscalizables, se encontró también a expresidentes municipales como Gustavo Adolfo Vargas
de Huauchinango, Guadalupe Daniel Hernández de Cuautlancingo, Guillermo Velázquez de Atlixco, Porfirio Loeza Aguilar de Tlatlauquitepec, entre otros.

Es de mencionar que una condición atípica dentro de los contratos es que varias empresas de Florentino Tavera se inscribieron en las mismas licitaciones, lo que significaría una posible simulación de competencia.

Un ejemplo es Puebla Comunicaciones, dependencia que abrió el 6 de octubre de 2018 las propuestas económicas para la licitación correspondiente al “suministro e impresión de gráficos en lona front”.

Sin embargo, de manera sospechosa tres de las empresas de Florentino Tavera participaron: Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas y Grupo Operador Comercial Tisoarel, así como una empresa extra de nombre Grupo Consultor y Estratégico Kafka, que aunque no es de Florentino Tavera, tiene estrechos lazos con el círculo rojo.

Esta dinámica se repite en varios procesos de adjudicación, lo que levantaría las
sospechas de que las licitaciones hayan estado dirigidas hacia los mismos socios.

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