Mientras los senadores se preparaban para votar la Reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, recordó la importancia de esta iniciativa: acabar con los abusos en el sistema judicial, especialmente por los beneficios que se han otorgado a dos poblanos, el exgobernador Mario Marín y su exsecretario de Gobernación, Javier López Zavala, ambos emanados del PRI.
Micrófono en mano, la futura secretaria de Gobernación con Claudia Sheinbaum exhibió que, en ambos casos, tres magistrados y dos juezas han otorgado beneficios judiciales. En el caso de Marín, para continuar su proceso legal desde su domicilio, mientras a con López Zavala, se le permitió dar trámite a un proceso que desencadenaría el sobreseimiento de la denuncia en su contra.
Sobre Mario Marín, Rodríguez denunció que el exgobernador, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue beneficiado por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Juárez, quien cambió la medida cautelar y permitió que saliera del penal de El Altiplano para cumplir con arresto domiciliario en su residencia en Puebla desde el pasado 14 de agosto.
La funcionaria también criticó que, además de su liberación, se asignaran elementos de la Guardia Nacional para custodiar su domicilio de manera permanente, cuando los agentes podrían atender otras funciones de mayor relevancia.
“Le pone Guardia Nacional fuera de su domicilio, dispone de elementos para que sea cuidado permanentemente. Entonces, aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando”, apuntó.
Aunque no fue mencionada en esta conferencia, previamente el gobierno federal también enunció que la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, otorgó un amparo a Marín el 5 de agosto que revocó la decisión anterior que mantenía su prisión preventiva, lo que permitió que su homóloga, Angélica del Carmen Ortuño, ordenara la prisión domiciliaria y nuevas medidas cautelares desde el hogar de Marín.
En el caso de Javier López Zavala, acusado del feminicidio de Cecilia Monzón, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito avaló un amparo contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento de la denuncia contra el expriista, lo cual fue aprobado por los magistrados Arturo Gamaliel, Armando Mata Morales y José Luis Moya.
La justificación de este tribunal, a decir de la funcionaria, fue que la negativa de darle trámite a su solicitud “afecta la libertad personal y trastoca los derechos constitucionales, pero ratifica, a pesar de todo, el sobreseimiento de este” por lo que el feminicidio de su expareja sigue siendo completamente impune.
SIN SENTENCIA, 24 MIL PERSONASD
Rosa Icela Rodríguez hizo además un planteamiento sobre una grave situación dentro del sistema de justicia penal en México, al revelar que cerca de 24 mil personas en el país se encuentran atrapadas en procesos penales sin recibir sentencia, lo que ha generado una profunda crisis de justicia que sigue afectando a miles de familias.
Rodríguez destacó que esta alarmante cifra es el resultado de la falta de celeridad y en muchos casos, de la indolencia de los jueces federales, lo cual ha contribuido a la acumulación de casos sin resolución.
En #ConferenciaMañanera, encabezada por el Presidente @lopezobrador_, expusimos ejemplos de casos que hacen necesaria la reforma al Poder Judicial. 🇲🇽⚖️ @LuisaAlcalde pic.twitter.com/HTXuVyo26G
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 10, 2024
En el sistema penal tradicional, mencionó, hay mil 326 personas esperando sentencia por periodos de entre 5 y 10 años, 2 mil 488 que llevan entre 10 y 15 años, 767 con juicios pendientes de 15 a 20 años y 232 personas que han estado esperando justicia durante más de dos décadas sin ser juzgadas.
En el sistema acusatorio, Rodríguez informó que la situación no es mucho mejor: 4 mil 520 personas llevan más de un año en proceso penal sin recibir una sentencia, algo que contraviene directamente los derechos establecidos en la Constitución mexicana, los cuales exigen que los procesos penales se lleven a cabo con prontitud.
