Cuando José Antonio Gali Fayad arribó a la gubernatura en 2016, los poblanos estaban muy lejos de imaginar que, cinco años después, se convertiría en uno de los servidores públicos que más denuncias penales y administrativas enfrenta por irregularidades que van desde malversación de recursos por concepto de un seguro para catástrofes naturales, hasta el uso de empresas factureras para desviar más de 102 millones de pesos cuando fue alcalde de la capital poblana.
El exmandatario y sus allegados, poco a poco, han sido involucrados en acusaciones y evidencias de corrupción que el barbosismo ha descubierto desde que llegó al poder en 2019.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, Gali Fayad ha acumulado varios procesos o investigaciones en su contra por el uso indebido de los recursos provenientes de un seguro contra desastres naturales, por más de 240 millones de pesos, que se invirtieron en temas distintos a la reconstrucción de viviendas afectadas, inmuebles y apoyo a las familias poblanas que se encontraban en crisis tras el terremoto de 2017.
Las pesquisas dan cuenta que fue a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) y el Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Infraestructura como se dispusieron los recursos del seguro. Aunque existen contratos de adjudicación no hay rastros de las obras, programas y apoyos pactados.
Otro de los procesos administrativos contra Gali Fayad fue por la adquisición de una flotilla de barcos orientados al saneamiento del río Atoyac. Dichas unidades nunca cumplieron su función ya que sólo clareaban el agua superficial de todo el afluente y la presa de Valsequillo, pero no había ningún indicio de tratamiento y reposición del agua. Para estas tareas se invirtieron 200 millones de pesos.
Respecto a la obra pública, la construcción de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un presunto desfalco, sobrecosto y montos no aclarados por 150 millones de pesos.
El exgobernador también está involucrado en la denuncia que se presentó por la Línea 1, la cual fue construida con sobrecosto. En ese tiempo, Gali se desempeñaba como titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte.
LAS FACTURERAS
Las sospechas de uso indebido contra José Antonio Gali se extienden hasta su periodo como presidente municipal de Puebla. En junio de este año, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la FGE tras haber detectado el uso de empresas factureras a las que se les entregaron 102 millones de pesos. Entre los delitos por los que el exedil y varios de sus colaboradores fueron denunciados están asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado y fraude.
