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domingo, enero 29, 2023
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Lalo Rivera y la defensa apasionada de su equipo de trabajo

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Varios han sido los yerros cometidos por el secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, y por el director de Normatividad Comercial, Enrique Guevara Montiel: desde el escándalo por anunciar que han infiltrado grupos feministas, el cobro cuotas por debajo del agua a vendedores ambulantes, o bien, las omisiones al evitar regular negocios clandestinos que venden bebidas alcohólicas a menores de edad y operan sin ninguna regulación.

Aun así, el alcalde Eduardo Rivera prefirió asumir el costo de la permanencia de ambos funcionarios bajo el argumento de que, en el caso de Jorge Cruz Lepe, habría logrado el retiro de ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad, mientras que Enrique Guevara Montiel continúa con su trabajo en la clausura de establecimientos.

El edil justificó que no caerá en “vendettas políticas o personales” que lo orillen a cortar la cabeza de sus alfiles, a pesar de que tanto el diputado local Eduardo Alcántara Montiel como el gobernador Miguel Barbosa Huerta han exhortado al edil a poner el foco en las gestiones que realizan los burócratas al interior de grupos de la sociedad civil.

“Yo asumo la responsabilidad de quienes están al frente del gobierno, y por el contrario creo que la Secretaría de Gobernación como el área de Normatividad siguen trabajando y haciendo su trabajo bien (…) Cuando yo considere que no están llenando los zapatos y no estén haciendo bien su trabajo, tomaré las decisiones de poder cambiar algunos de ellos; no me dejaré llevar por vendettas personales o políticas”, declaró.

Sin embargo, la realidad de la ciudad es distinta a como lo declaró el alcalde panista. El diputado local Eduardo Alcántara Montiel ha sido uno de los principales responsables de evidenciar las omisiones que han cometido ambos funcionarios.

Una de esas declaraciones, versa en el hecho de que, el Ayuntamiento de Puebla habría cometido daño patrimonial, luego de que vendedores de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) 28 de octubre, reconocieron que la Secretaría de Gobernación se encuentra cobrando cuotas por ocupación de espacios, mismas que no están registradas dentro de la Ley de Ingresos.

“El problema es que el Ayuntamiento de Puebla está pactando los cobros en la vía pública cuando nos pide al Congreso que se fije en la Ley de Ingresos cuánto se cobra; es decir, está pactado con las organizaciones o más o menos, porque no es una cuota, deberían pagar los derechos que dice la ley, no cuotas cómodas como dice”, declaró el pasado miércoles.

Recientemente, Alcántara Montiel también lanzó una dura crítica contra el secretario de Gobernación Jorge Cruz Lepe, luego de que el funcionario declaró que había algunas trabajadoras de la Comuna infiltradas en grupos feministas de la ciudad.

Entre las pifias cometidas por el funcionario destaca la falta de consenso con grupos de ambulantes que estaban apostados en el Centro Histórico de la ciudad, toda vez que nunca les fueron entregados los 12 espacios prometidos para que concretaran su reubicación.

El incumplimiento de las promesas se extendió hasta la Central de Abasto, donde vendedores de la agrupación 28 de Octubre acusaron que se les prometió la entrega de espacios para trabajar sobre la calle 104 Poniente, aunque momentos más tarde fueron retirados de forma intimidatoria con la presencia de granaderos.

Las omisiones para mantener la gobernabilidad en la Angelópolis también ocurrieron desde la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial a cargo de Enrique Guevara Montiel. El legislador Eduardo Alcántara Montiel se ha encargado de difundir material en redes sociales en donde se aprecian tianguis, mercados, colonias y juntas auxiliares donde se venden bebidas alcohólicas sin que cuenten con licencias de funcionamiento.

Esas omisiones tuvieron como consecuencia que en noviembre de este año, al menos una decena de estudiantes de la BUAP resultaran intoxicados en el Salón Country de San Manuel, por la distribución de bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas, luego de que la Comuna no intervino en el caso a pesar de que tuvieron conocimiento del evento.

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