Un total de 41 jueces y magistrados se sumarán, a partir de este miércoles, al paro nacional de trabajadores del Poder Judicial Federal en protesta por la reforma a esa institución que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, miles de empleados judiciales en todo México declararon este martes una huelga indefinida que será robustecida con la incorporación de los mil 403 jueces y magistrados del país que suspenderán actividades.
Los juzgados y tribunales federales en Puebla y el resto del país atenderán únicamente los casos urgentes, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se ha visto afectada por la situación, al suspender su sesión pública del Pleno prevista para este martes, por lo que en su lugar 11 ministros se reunirán en privado para analizar el anteproyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial, presentado el pasado viernes en la Cámara de Diputados.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) informó que la decisión de que el paro incluyera a jueces y magistrados se tomó tras someter a votación la pregunta “¿Estás de acuerdo con la suspensión de las actividades jurisdiccionales quedando solamente guardias para la atención de asuntos urgentes?”.
El acuerdo se tomó en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Ciudad de México tras instalar una mesa de escrutinio y cómputo en la que participó la directora del JUFED, Juana Fuentes Velázquez.
Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el estado a reflexionar sobre el impacto negativo que está teniendo el paro indefinido.
Declaró que apoya las reformas al sistema judicial, ya que consideró urgente mejorar la calidad del trabajo de magistrados y jueces que, a su juicio, no están cumpliendo con sus responsabilidades de manera adecuada.
El paro, que se ha extendido por todo el país, llevó al gobernador a solicitar un diálogo abierto para abordar las preocupaciones de los trabajadores judiciales y encontrar soluciones a sus inquietudes.
Céspedes también se refirió a la cancelación del foro programado para el 16 de agosto, que iba a ser liderado por la ministra Lenia Batres en la Universidad Benito Juárez, debido a la protesta de los trabajadores judiciales.
Expresó su respeto por quienes se han manifestado, pero también aseguró que respaldará a la ministra Batres si decide emprender acciones legales contra los responsables de las agresiones sufridas por los organizadores del evento.
A la par, dijo que, aunque es importante reconocer y apoyar a los funcionarios que hacen bien su trabajo, también es crucial no generalizar sobre el desempeño de todos los servidores públicos y en este contexto, llamó a los trabajadores a reconsiderar su participación en el paro para evitar mayores perjuicios a quienes están en medio de procesos judiciales pendientes.
“Yo creo que tienen que analizar perfectamente bien el daño que se le está haciendo a los justiciables, nosotros estamos a favor de que haya una reforma, tiene que haber una mejora, pero no hay que generalizar, hay quien hace muy bien su trabajo, y hay quienes no, y eso afecta a la sociedad”, manifestó.
¿QUÉ TEMAS SE ATENDERÁN?
De acuerdo con la circular 16/2024, compartida por la jueza de Distrito Yazmín Murillo, ciertos asuntos considerados urgentes seguirán siendo atendidos, como es el caso de decisiones sobre la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso y medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva en los Centros de Justicia Penal Federal.
En los juzgados especializados en ejecución, se dará prioridad a las decisiones que impliquen peligro para la vida o integridad de las personas, así como a beneficiarios de preliberaciones pendientes de ejecución.
Los Juzgados de Distrito seguirán recibiendo declaraciones iniciales y tomando decisiones importantes durante las primeras etapas de los casos, especialmente en situaciones que puedan poner en peligro la vida o integridad de los detenidos.
Además, continuarán emitiendo órdenes de arresto y atendiendo casos que afecten la salud, a migrantes, o que puedan interrumpir servicios esenciales como el agua o la electricidad.
En materia civil, deberán continuar con la resolución de medidas cautelares y de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra mujeres, además de asegurar la continuidad de las pensiones alimenticias y los amparos que involucren a los menores.
